La Conselleria de Educación ha planteado un decreto para regular la jornada y el horario del profesorado con una reducción de la semana laboral a 35 horas, seis días de asuntos propios, derecho a la desconexión digital y posibilidad de trabajo fuera del centro educativo.
El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha presentado el contenido del texto en la Mesa Sectorial de Educación celebrada este martes, dentro de una negociación que continúa con el debate sobre infraestructuras y formación profesional.
Ortega ha defendido que el decreto incluye «muchísimas ventajas» y que mejora las condiciones laborales del profesorado «de una manera objetiva». Según ha explicado, la norma adapta la jornada docente a la reducción aprobada por el Estado para la función pública y pasa de las 37,5 horas actuales a 35.
La propuesta también reconoce el derecho del profesorado a no recibir comunicaciones, llamadas telefónicas o correos electrónicos una vez finalizada su jornada laboral. A ello se suma la concesión de tres días de asuntos propios durante el periodo lectivo y otros tres en el periodo no lectivo.
Trabajo desde casa en julio
Otro de los puntos incluidos en el borrador es la posibilidad de trabajar fuera del centro educativo durante el mes de julio. La Conselleria plantea que el profesorado pueda realizar sus tareas desde casa, salvo en aquellas situaciones concretas en las que resulte imprescindible acudir presencialmente al centro.
Pablo Ortega ha señalado que el decreto incorpora «muchas de las cuestiones que se han ido negociando» durante la huelga del profesorado. A su juicio, esto demuestra que «la negociación es efectiva y sirve para objetivos concretos».
La parte sindical ha cuestionado que el texto se tramite como decreto y no como orden, al considerar que un decreto resulta más complejo de modificar y más costoso de publicar. Ortega ha respondido que la fórmula del decreto es necesaria porque regula condiciones laborales y debe mantener coherencia con otras normas de función pública.
Reacciones de los sindicatos
ANPE ha reclamado que, hasta la publicación y entrada en vigor del decreto, Educación apruebe instrucciones para que los días de asuntos propios puedan disfrutarse desde el inicio del curso 2026-2027. También ha pedido que se concreten las condiciones de uso para evitar problemas organizativos en los centros.
CSIF ha planteado que la antigüedad como funcionario de carrera prime a la hora de elegir horario. Además, ha solicitado que dos días de asuntos propios puedan disfrutarse de forma consecutiva y ha expresado su malestar por el recorte de media hora en el tiempo destinado a la preparación de clases.
El sindicato también ha mostrado su rechazo a la posibilidad de ampliar hasta 28 las horas complementarias de presencialidad, al considerar que esta medida contrasta con el límite de 25 horas que se aplica en la mayoría de comunidades autónomas.
CCOO ha valorado que se aplique por fin la jornada de 35 horas, una medida que vincula al acuerdo estatal para la función pública. Sin embargo, ha criticado que el decreto resulta «indeterminado» en las horas complementarias y remite decisiones relevantes a las direcciones de los centros y a las Normas de Organización y Funcionamiento. Por ello, ha reclamado que la negociación continúe hasta alcanzar un texto consensuado.
STEPV exige trasladar la reducción de jornada a las horas de clase
STEPV ha defendido que la reducción de la jornada semanal del profesorado debe notarse en las horas de clase y no solo en las complementarias. La organización propone que el horario lectivo quede fijado en 16 horas para Secundaria y otros cuerpos docentes y en 21 horas para Maestros.
El sindicato ha rechazado también la posibilidad de elevar hasta seis las horas lectivas diarias y ha reclamado conservar las horas de cómputo mensual. Según sostiene, esta figura ayudaría a evitar interpretaciones distintas entre centros al aplicar la nueva regulación.
En relación con el mes de julio, STEPV ha pedido que la Conselleria no obligue al profesorado a acudir presencialmente a los centros. La organización considera que la actividad presencial debe reducirse al mínimo en ese periodo por las altas temperaturas en las instalaciones y por el cierre de la mayoría de tareas del curso.
El sindicato también ha puesto el foco en la elección de grupos, turnos y horarios. STEPV advierte de que cualquier criterio de prelación puede acabar judicializado y plantea un protocolo de buenas prácticas basado en el consenso, la organización pedagógica y la conciliación familiar y personal.
Asimismo, STEPV ha aprovechado la mesa de infraestructuras para denunciar la falta de mantenimiento y la degradación de centros educativos. La organización ha pedido continuidad para el Pla Edificant, más personal en los servicios de infraestructuras, una herramienta para comunicar incidencias desde los equipos directivos y mayor transparencia sobre las actuaciones y plazos previstos.
