La Diputación de Castellón ha aprobado en pleno la unificación de las líneas de ayudas de Bienestar Social e Igualdad dirigidas a entidades del tercer sector de la provincia, una medida con la que la institución busca simplificar trámites y hacer más accesible la concesión de subvenciones. La convocatoria asciende a 650.000 euros y está destinada al mantenimiento y desarrollo de proyectos sociales y de igualdad.
La medida ha salido adelante en la sesión ordinaria de abril con los votos favorables del Gobierno provincial, el Grupo Socialista y Compromís. Según ha defendido la institución, el nuevo modelo permite contar con unas bases “más claras, más eficientes y más accesibles” y refuerza el papel del tercer sector en la atención a las personas y en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
En concreto, la línea para el mantenimiento y desarrollo de proyectos sociales contará con 600.000 euros, con una cantidad máxima subvencionable de 20.000 euros por beneficiario. Por su parte, la línea destinada a proyectos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres estará dotada con 50.000 euros, lo que supone un incremento de 10.000 euros respecto al ejercicio anterior. En este caso, la ayuda máxima por beneficiario será de 4.000 euros.
La unificación permitirá que las entidades concurran a ambas líneas a través de un único procedimiento y presenten un proyecto por cada una de ellas, tanto en el ámbito social como en el de igualdad.
Más fondos para renovar redes de agua y retirar amianto
El pleno también ha aprobado por unanimidad una declaración institucional para reclamar a la Generalitat Valenciana un refuerzo de los recursos económicos destinados a la reposición de redes de abastecimiento de agua y saneamiento en los municipios de la provincia.
La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha indicado que la declaración insta al Consell a incluir una línea específica de ayudas para la retirada y sustitución de conducciones que contengan amianto. Según ha explicado, el objetivo es reducir riesgos para la salud pública, modernizar las infraestructuras hidráulicas municipales y facilitar que los ayuntamientos puedan planificar la sustitución progresiva de estas instalaciones conforme a los objetivos europeos de eliminación del amianto antes de 2032.
El pleno pide flexibilizar la regla de gasto
Durante la sesión también se ha debatido una moción impulsada por el Gobierno provincial para instar al Gobierno de España a aprobar de forma inmediata un Real Decreto-ley que suspenda o flexibilice la regla de gasto y el principio de estabilidad presupuestaria en 2025 y 2026.
La propuesta, aprobada con los votos del Gobierno provincial y el Grupo Socialista, la abstención de Compromís y el rechazo de Vox, plantea que las entidades locales puedan utilizar la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales, sin las restricciones actuales, con el fin de paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán.
Además, la moción solicita que esos remanentes puedan destinarse también a gasto corriente y no solo a Inversiones Financieramente Sostenibles, así como agilizar los plazos y mecanismos para incorporarlos a los presupuestos municipales tras la liquidación. En palabras de la presidenta provincial, “necesitamos alzar la voz y reivindicar para poder gastar nuestros ahorros”.
Reivindicación de infraestructuras viarias pendientes
Otro de los acuerdos aprobados por unanimidad ha sido exigir al Gobierno central la reactivación inmediata y la finalización de las obras del tramo de la N-232 comprendido entre la Masía de la Torreta y Morella Sur, con el compromiso de ejecutar íntegramente el proyecto adjudicado en el menor plazo posible.
A través de esta moción, impulsada también por el Gobierno provincial, la Diputación reclama además la ejecución de las obras de mejora entre la N-340 València-Castellón y el enlace con la N-225, así como un impulso decidido a la autovía del interior de la provincia, en especial en el tramo entre Vilanova d’Alcolea y La Jana, dentro del desarrollo de la A-7 en el interior de Castellón.
La iniciativa incluye asimismo la exigencia de ejecutar de forma inmediata el paso inferior de la N-232 a su paso por Sant Jordi, así como los accesos pendientes a la AP-7 en la provincia, especialmente en Benicàssim, Vila-real y Vinaròs, para mejorar la conectividad y dar respuesta a demandas históricas del territorio.
