La Diputación de Castellón llevará al pleno ordinario del próximo 30 de junio una modificación de crédito de 24,45 millones de euros procedentes de los remanentes del ejercicio 2025. La medida permitirá adelantar a los ayuntamientos y mancomunidades de la provincia más del 80% del Plan Impulsa, según ha explicado el Gobierno provincial.
La modificación de crédito, junto al presupuesto ya aprobado, supondrá el ingreso de más de 26,4 millones de euros a las entidades locales. Esta cantidad corresponde al 85% de la inversión en obras y servicios del Plan Impulsa y al 100% del gasto corriente previsto para el presente ejercicio.
La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha afirmado que «el Gobierno de España ha acabado rectificando gracias a la presión ejercida desde esta Diputación y por los alcaldes de nuestra provincia». Barrachina ha añadido que «este dinero no es del Gobierno, es de los castellonenses y vuelve ahora a nuestros pueblos en forma de inversiones y servicios».
Más recursos para los 135 municipios
El vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha explicado que la Diputación cumple los requisitos establecidos por el Real Decreto para utilizar los remanentes del pasado ejercicio. Según ha señalado, esta primera modificación de crédito se destina a que los 135 municipios de la provincia puedan disponer cuanto antes de la máxima inversión procedente del Plan Impulsa.
Folgado ha destacado que «con el Plan Impulsa dotamos a todo el territorio de más recursos y, ahora, esos recursos económicos les va a llegar en tiempo récord, con el objetivo de mejorar equipamientos, servicios públicos y prestaciones a la la ciudadanía».
La sesión ordinaria del mes de junio, prevista en el Palacio Provincial, incluirá esta modificación de crédito como «el primer paso para que el dinero llegue, cuanto antes a los municipios», según ha añadido el vicepresidente provincial.
Un plan bienal de 32,5 millones
El importe que se adelanta forma parte de los 32,5 millones de euros destinados al Plan Impulsa 2026/2027, considerado por la institución provincial como la mayor inversión de la historia de este plan bienal.
El programa mantiene la posibilidad de destinar una parte a gasto corriente, con un máximo del 40%, y otra a obra, con un mínimo del 60%. Además, el plan contempla una reducción de la burocracia para facilitar los trámites y permitir que todos los municipios puedan beneficiarse de estas ayudas.
Barrachina ha defendido que la utilización de remanentes de tesorería para gastos generales «no es un regalo del Gobierno, es lo que corresponde a esta Diputación que cumple». La presidenta provincial ha insistido en que «la presión realizada es la que ha logrado que administraciones como esta Diputación, saneada con deuda cero y con remanentes, pueda disponer de sus ahorros para poder invertir en más oportunidades, más desarrollo y más bienestar en el conjunto de nuestro territorio».
Reivindicación sobre la regla de gasto
La presidenta de la Diputación ha reclamado en distintas ocasiones la suspensión o flexibilización de la regla de gasto y del principio de estabilidad presupuestaria para los ejercicios 2025 y 2026, con el objetivo de que las entidades locales puedan utilizar la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales.
Esta petición también se trasladó al Ejecutivo central mediante un manifiesto impulsado por Barrachina y firmado por 79 alcaldes de la provincia. La presidenta ha defendido que «permitir el uso de los remanentes supone impulsar inversiones necesarias en los municipios, mejorar la calidad de los servicios públicos, reactivar la economía local y dar una respuesta más eficaz a las necesidades de la ciudadanía».
Barrachina ha concluido que «desde la Diputación vamos a seguir alzando la voz para que esta provincia reciba lo que le corresponde y mostramos nuestro máximo apoyo a las entidades locales, que son las administraciones más cercanas a las ciudadanos».
