La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha cuestionado este 9 de octubre en València los posibles vínculos con la universidad privada de los jueces del Tribunal Supremo que han anulado el decreto del Gobierno que endurecía los criterios para crear nuevas universidades, una norma que buscaba frenar la proliferación de centros privados sin estándares de excelencia y que, según ha advertido, afecta directamente al bolsillo de las familias.
Morant ha realizado estas declaraciones a su llegada al Palau de la Generalitat, durante los actos del Día de la Comunitat Valenciana. Allí ha sido preguntada por la decisión del Tribunal Supremo de tumbar el decreto que elevaba las exigencias académicas y de calidad para autorizar nuevas universidades.
La ministra ha asegurado que el Gobierno ha respetado la sentencia, aunque ha mostrado sus dudas sobre posibles conflictos de interés. En este sentido, ha afirmado que le gustaría ‘repasar cada uno de los jueces que ha dado esa sentencia, cuántos trabajan en la universidad privada’.
Impacto en las familias y la universidad pública
Morant ha defendido que el decreto sí era urgente para la ciudadanía, aunque el Tribunal Supremo considere lo contrario. ‘Para el Tribunal Supremo no es urgente este decreto, pero sí lo es para las familias’, ha recalcado.
La ministra ha puesto como ejemplo el esfuerzo económico que asumen los hogares para pagar los estudios superiores. Ha señalado que ‘el 14 % de los créditos bancarios se piden para pagar los estudios de nuestros jóvenes’, lo que, a su juicio, evidencia la carga financiera asociada a la formación universitaria.
Según ha advertido, muchas familias se ven obligadas a endeudarse para costear la universidad privada por la falta de plazas en la pública. ‘Las familias se endeudan para pagar esos estudios porque no hay plazas en la universidad pública‘, ha manifestado.
Morant ha alertado de que esta situación conduce hacia un modelo en el que ‘podrá ir a la universidad aquel que se lo pueda pagar’. Ha vinculado así la ampliación sin control de la oferta privada con una mayor desigualdad en el acceso a los estudios superiores.
La titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha insistido en la necesidad de garantizar que quienes toman decisiones judiciales que afectan a leyes y decretos no tengan intereses privados en el mismo ámbito. ‘Tendremos que empezar a hablar de cómo aquellos que deciden y pueden tumbar decisiones del poder legislativo y del ejecutivo no pueden tener intereses que explican en muchas ocasiones el sentido de sus sentencias’, ha planteado.
Morant ha enmarcado este debate en la defensa de un sistema universitario con estándares de excelencia y con una oferta pública suficiente. A su juicio, la regulación que ahora ha quedado anulada buscaba precisamente limitar la creación de nuevos centros privados sin las garantías de calidad exigibles, y evitar así que el acceso a la universidad dependa sobre todo de la capacidad económica de cada familia.
