La escasez de personal en las residencias públicas de la provincia de Castellón ha vuelto a ser foco de críticas por parte de la oposición política, que exige respuestas inmediatas de la Conselleria de Servicios Sociales. La coalición Compromís ha denunciado las graves deficiencias en varios centros de atención a personas mayores y con discapacidad, como la residencia de Burriana y el centro de menores Lledó II, y ha solicitado un plan de choque para abordar la situación.
Deficiencias estructurales y falta de personal
Según la diputada de Compromís, Maria Fajardo, las condiciones detectadas en estos centros son «inadmisibles» y afectan gravemente la calidad del servicio. La falta de personal es uno de los principales problemas señalados, ya que muchos trabajadores se ven obligados a cubrir múltiples turnos debido a la escasez de sustitutos, especialmente en períodos de vacaciones. Esta situación ha generado una sobrecarga laboral que compromete la atención adecuada a los usuarios.
Hace poco, intersindical valenciana también se hacia eco de la situación y de nuevo ponía el foco en un problema endémico que no parece encontrar solución al margen de quienes sean los gestores políticos a los que competa.
Traslado del CEEM de Albocàsser
Otro punto de conflicto ha sido el traslado de los usuarios del Centro Específico de Enfermos Mentales (CEEM) de Albocàsser a un centro con deficiencias evidentes. La alcaldesa de Albocàsser, Isabel Albalat, ha denunciado que el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) bloqueó el acceso de un técnico municipal al centro, dificultando la evaluación de su estado. Además, el consistorio asegura no haber recibido los informes técnicos que justificarían la clausura por ruina inminente.
Reacción política y demandas de acción
La coalición Compromís exige a la Generalitat Valenciana que actúe de manera inmediata para poner fin a estas deficiencias estructurales y laborales. Asimismo, insta a la Diputación de Castellón a asumir su responsabilidad institucional y colaborar en la elaboración de un plan de choque que incluya una dotación presupuestaria para reforzar los servicios sociales y de atención residencial en la provincia.
