La Generalitat Valenciana ha presentado alegaciones al anteproyecto de modificación del Reglamento General de Costas elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El Consell sostiene que la propuesta estatal debe revisarse para reforzar la seguridad jurídica, mejorar los criterios técnicos y asegurar un equilibrio real entre la protección del litoral y el desarrollo económico sostenible.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha señalado que el Ministerio sigue empeñado en cambiar el reglamento de Costas y no acepta modificar la ley. Por este motivo, recuerda que desde el Consell se insiste en la necesidad de reformar la Ley de Costas estatal, tal y como, afirma, acordaron todas las comunidades autónomas en la cumbre celebrada en València hace un mes.
Límite del dominio público marítimo-terrestre
Uno de los principales puntos de discrepancia se concentra en la determinación del límite del dominio público marítimo-terrestre.
El anteproyecto plantea fijar este límite en función del alcance de un único temporal, es decir, tomando como referencia un solo episodio de fuerte oleaje o tormenta marina.
La Generalitat, en cambio, defiende que se mantenga el criterio vigente basado en los mayores temporales conocidos, registrados al menos en cinco ocasiones a lo largo de cinco años, un enfoque que considera más estable, contrastado y coherente con la práctica técnica acumulada.
Inseguridad jurídica
Según las alegaciones presentadas, admitir un único episodio extraordinario como referencia supone equiparar un fenómeno excepcional a una pauta ordinaria. Este cambio, argumenta la Generalitat, generaría inseguridad jurídica al introducir una gran variabilidad en la delimitación de la costa, y provocaría además un efecto expansivo del dominio público desproporcionado, con impacto directo sobre propiedades, concesiones y usos consolidados del litoral.
En esta línea, el Consell propone que el cálculo del alcance de los temporales se sustente en datos objetivos y verificables, como registros de boyas, mediciones por satélite o información oceanográfica y meteorológica. De este modo, la delimitación del dominio público se basaría en evidencias contrastables y no en decisiones discrecionales, lo que reforzaría la seguridad jurídica para administraciones, empresas y particulares afectados por la normativa de costas.
García Manzana también ha advertido de que el nuevo reglamento pretende cambiar aspectos que, por jerarquía normativa, no pueden modificarse sin pasar por el Congreso de los Diputados. A su juicio, se estarían introduciendo por vía reglamentaria cuestiones que deberían abordarse primero mediante una reforma de la Ley de Costas de 1988, lo que vulnera el principio de jerarquía entre ley y reglamento.
El director general ha añadido que un ejemplo de estas limitaciones es la imposibilidad de cambiar la normativa para proteger los núcleos etnológicos, es decir, agrupaciones de edificaciones tradicionales ligadas a formas de vida y actividades históricas en la franja litoral. Según indica, la votación para modificar este aspecto se lleva prorrogando desde hace dos años porque el Ejecutivo central sabe que no cuenta con los apoyos necesarios.
El Consell considera que el nuevo reglamento, elaborado tras la anulación del anterior por el Tribunal Supremo, reproduce elementos que ya fueron cuestionados e introduce modificaciones que exceden el desarrollo reglamentario. A su entender, la propuesta afecta a materias de fondo, como la definición del dominio público o el régimen de concesiones, que requieren una reforma previa de la Ley de Costas y un debate parlamentario transparente.
Principio de jerarquía normativa
En este sentido, la Generalitat subraya que cualquier cambio normativo debe respetar el principio de jerarquía normativa y ajustarse tanto a la legislación vigente como a las exigencias del Derecho de la Unión Europea. Ello implica, según sus alegaciones, que la regulación de Costas no puede alterar por vía reglamentaria el equilibrio entre protección ambiental, derechos adquiridos y actividades económicas que ya fija la ley.
García Manzana ha concluido que la Comunitat Valenciana necesita una gestión integral de la costa basada en criterios técnicos y en la cooperación entre administraciones para frenar la regresión del litoral y proteger los núcleos etnológicos con soluciones eficaces. Esta visión, sostiene, exige coordinar políticas urbanísticas, ambientales e hidráulicas para asegurar la viabilidad futura de playas, paseos marítimos y asentamientos tradicionales frente a la erosión y los temporales.
Gestión de sedimentos y concesiones en el litoral
La Generalitat reclama también incorporar de forma expresa una gestión integral de los sedimentos en las cuencas hidrográficas para hacer frente a la regresión de la costa, un fenómeno que, según subraya, se ha intensificado en los últimos años. La pérdida de arena y materiales en las playas se vincula al descenso de aportes fluviales y a la retención de sedimentos en embalses y cauces regulados, lo que debilita la capacidad natural de la costa para regenerarse tras los temporales.
En esta línea, el Consell propone que la administración estatal de Costas participe activamente en los planes hidrológicos y que se fomente el aprovechamiento de los sedimentos aluviales retenidos en cauces y embalses para reforzar el sistema costero. La idea es que estos materiales, en lugar de permanecer almacenados río arriba, puedan utilizarse de forma planificada para la defensa y recuperación de las playas más afectadas por la erosión.
Otro bloque relevante de alegaciones se refiere al régimen de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre. La Generalitat solicita que se establezcan criterios objetivos y tasados para la concesión y renovación de estos títulos, y que se diferencien adecuadamente las concesiones ordinarias de las compensatorias, ligadas estas últimas a situaciones previas o a derechos consolidados. Con ello se pretende evitar interpretaciones discrecionales y ofrecer mayor previsibilidad a los titulares afectados.
Limitaciones con efectos retroactivos
Además, el Consell advierte de que el anteproyecto introduce limitaciones con efectos retroactivos y modifica condiciones de concesiones ya otorgadas. A su juicio, esta forma de actuar vulnera el principio de seguridad jurídica y afecta a derechos adquiridos, al alterar el marco normativo bajo el que se concedieron autorizaciones y se planificaron inversiones en el litoral.
La Generalitat propone igualmente definir de manera técnica el concepto de riesgo cierto, para que quede claramente establecido cuándo existe una amenaza real para personas o bienes que justifique restricciones adicionales. También aboga por adaptar las superficies permitidas y las distancias de establecimientos en primera línea a la planificación territorial vigente, con el fin de coordinar la normativa de costas con los instrumentos urbanísticos y de ordenación del territorio.
Por último, el Consell defiende el reconocimiento de los paseos marítimos construidos después de la Ley de 1988 como límite de la ribera del mar. Con esta propuesta, la Generalitat busca consolidar jurídicamente estas infraestructuras, que considera elementos clave de protección frente a los temporales y espacios fundamentales de uso público, y evitar que futuras reinterpretaciones normativas modifiquen su estatus o su relación con el dominio público marítimo-terrestre.
