El pleno ordinario del mes de diciembre de la Diputación de Castelló se ha resuelto en poco más de media hora con intervenciones previsibles y una Declaración Institucional de que insta tanto al gobierno de la Generalitat como al de España a actuar y preocuparse por los intereses de una provincia que, entre unos y otros, parece quedarse fuera de los repartos.
Con recordatorios ya clásicos de esas demandas eternas en infraestructuras claves que se quedan pendientes ejercicio tras ejercicio, el escrito consensuado reclama a ambas administraciones ejecutar lo que falta y solucionar problemas que se agravan y cuya competencia excede a la de la institución provincial.
Y precisamente en esos temas propios de otras administraciones es donde se ha producido en este pleno de diciembre la única explicación de voto: en la modificación de la Ley De Juego, a través de la Ley de Acompañamiento a la que Compromís había presentado una moción a la que finalmente se ha sumado el PSPV pero que ha sido rechazada por los votos del PP y Vox.
Compromís pretendía, alegando la necesidad de protección a la adolescencia, plantear el gran problema potencial de ludopatía y adicciones no que puede generar la distancia de los salones de juegos a los centros educativos. Una postura compartida por el PSPV, a través de Merche Galí, quien ha agradecido a Compromís poder sumarse y también se ha referido a esta cuestión.
Por su parte, el PP para explicar su negativa a aceptar la moción presentada por Compromís, se ha referido a la normativa europea que aún no se ha posicionado claramente sobre las distancias, aunque si se ha referido al argumentario esgrimido por otras fuentes judiciales más cercanas en referencia a la “anulación del TSJCV de la modificación de la norma que establecía una distancia mínima de 700 metros entre los establecimientos” y además ha recordado, igual que hiciera su compañero de partido en el ayuntamiento de la capital de la Plana que “cerrar los locales que habían obtenido la autorización supondría como ya se había calculado “hasta 420 millones en indemnizaciones en la Comunitat Valenciana”.
Per eso, la diputada popular ha instado a no demonizar a las empresas y ha recordado otras medidas que el Consell de Mazón pondrá en marcha para valorar ese impacto o proteger a esos menores, hablando entre otras cosas de los refuerzos en la identificación en los accesos.
Aviso para el Consell y el Gobierno de España
Reclamar ayudas a la cerámica, infraestructuras sanitarias o de servicios, así como el agua, han sido solo algunos de los aspectos que recoge la declaración institucional acordada por todas las fuerzas políticas en la Diputación en la que instan al Gobierno de España y al Consell que impulsen los proyectos pendientes en la provincia.
Por lo que hace a las inversiones y acciones que son competencia del Gobierno de España, uno de los asuntos pendientes es el de la financiación autonómica. En el texto suscrito también se insta al Gobierno de España a que incluya ayudas al sector cerámico de forma urgente y reduciendo la carga burocrática.
Agilizar y ejecutar todas las actuaciones necesarias para proteger la costa de la provincia es otra de las reclamaciones al Gobierno Central, así como la necesidad de mejorar la red y servicios de Cercanías y trabajar para que el Corredor Mediterráneo sea una realidad lo más pronto posible. En materia de infraestructuras, desde el gobierno provincial también se reivindica la ejecución de la CV-10 para vertebrar la provincia.
El listado de acciones e inversiones pendientes por parte del Gobierno de España también incluye la mejora de cuarteles de la Guardia Civil de todos los municipios que lo requieran y la comisaría de la Policía Nacional de Vila-real; la financiación de las dos desaladoras de la provincia, las ayudas al sector citrícola, del olivar y la viña de secano de la Comunitat Valenciana; la creación del Parador Nacional de Morella y que atienda y dé cumplimiento a las limitaciones y criterios ambientales de la Generalitat Valenciana en cuanto a la autorización de las instalaciones energéticas de gran afección al territorio.
Por lo que hace a las reivindicaciones dirigidas a la Generalitat Valenciana, la declaración institucional hace alusión al impulso de proyecto de beneficiosos para la provincia, a las ayudas al sector cerámico y a los problemas hídricos. El escrito incluye instar al Consell a ejecutar las infraestructuras sociosanitarias y educativas necesarias para la provincia y que reafirme la apuesta por el aeropuerto de Castellón.
Además, la Diputación de Castellón insta a la Generalitat Valenciana a defender el territorio y al cumplimiento de la legislación ambiental a la hora de elaborar informes, tramitar y autorizar las instalaciones energéticas de gran afección al territorio. Además, desde la corporación provincial solicitan tanto a la Generalitat Valenciana como al Gobierno de España a que impulsen nuevos proyectos e iniciativas para frenar la despoblación.
