CCOO exige medidas urgentes ante las agresiones al personal de emergencias sanitarias

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El sindicato denuncia más de 20 agresiones en un año y reclama protección, apoyo jurídico y protocolos específicos para el transporte sanitario

CCOO ha exigido medidas urgentes ante el incremento de agresiones al personal Técnico en Emergencias Sanitarias del transporte sanitario valenciano, tras denunciar más de 20 agresiones en un año.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV reclama una intervención inmediata para garantizar la integridad de las personas trabajadoras que prestan este servicio público esencial. Según el sindicato, la violencia física y verbal que sufre este colectivo durante su labor asistencial tiene consecuencias personales y profesionales, afecta a la salud de las víctimas y repercute en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

CCOO considera “inadmisible que quienes acuden a atender situaciones de emergencia tengan que hacerlo poniendo en riesgo su propia integridad física”.

Dos agresiones recientes como ejemplo

El sindicato cita entre los últimos episodios una agresión ocurrida el 2 de julio de 2026, durante la atención a un paciente no psiquiátrico que se encontraba extremadamente agitado. La organización explica que un Técnico en Emergencias Sanitarias sufrió una patada en la cara que le provocó una hemorragia nasal y recibió amenazas de muerte mientras participaba en una contención física indicada por personal médico.

CCOO también expone otro caso registrado el 30 de abril de 2026, cuando, según su relato, un paciente en estado de embriaguez que había sido despertado para proceder a su identificación por parte de la Policía propinó de forma inesperada un puñetazo en la cara a un TES que se encontraba en el interior de una ambulancia.

La organización sindical sostiene además que las ambulancias continúan equipadas con sistemas de contención física que no ofrecen las máximas garantías de seguridad para el personal interviniente. Según CCOO, las empresas siguen rechazando la implantación de dispositivos de inmovilización más seguros y eficaces.

Más prevención y respaldo a las víctimas

La FSC CCOO PV considera imprescindible que las administraciones públicas competentes, en coordinación con las empresas adjudicatarias del transporte sanitario, adopten de forma urgente medidas preventivas y organizativas para reducir el riesgo de nuevas agresiones.

El sindicato afirma que “la seguridad de las personas trabajadoras debe constituir una prioridad absoluta y no puede quedar supeditada a criterios económicos o de organización del servicio”.

Por otro lado, denuncia también que las empresas adjudicatarias están dejando desprotegidas a las personas trabajadoras que sufren agresiones durante el ejercicio de sus funciones, al no proporcionarles, según la organización, el respaldo jurídico y el acompañamiento necesarios para afrontar los procedimientos derivados de estos hechos.

La central sindical reclama que las empresas no se limiten a condenar las agresiones, sino que asuman un papel activo en la defensa de las víctimas. En este sentido, CCOO pide asistencia jurídica, acompañamiento y recursos para que ninguna persona trabajadora tenga que afrontar en solitario las consecuencias de una agresión sufrida mientras presta un servicio público esencial.

Protocolos específicos y coordinación policial

Desde la FSC CCOO PV advierten de que esta falta de apoyo supone, a juicio del sindicato, un grave incumplimiento de los deberes empresariales de protección hacia la plantilla y deja a las víctimas en una situación de indefensión.

La organización considera imprescindible desarrollar una política preventiva eficaz que incluya protocolos específicos de actuación, medidas de protección adaptadas a las intervenciones de mayor riesgo, campañas de sensibilización ciudadana, coordinación efectiva con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y acompañamiento jurídico inmediato.

CCOO concluye que la seguridad del personal Técnico en Emergencias Sanitarias “no puede seguir esperando” y exige a empresas y Administración que cumplan sus obligaciones para garantizar una protección real a quienes prestan este servicio esencial.