La gestión del agua y el control que un ayuntamiento debe ejercer sobre quienes lo realizan ha marcado una parte importante del pleno de este mes de marzo en Castellón.
Una moción de Podem-Esquerra Unida para denunciar la finalización de la concesión del servicio de agua potable ha llevado al debate y de nuevo a una división entre las posturas de los socios de gobierno de l’Acord de Fadrell.
Donde unos han recordado que la primera concesión de la empresa que actualmente gestiona este recurso, Facsa, data del año 1983 y ha sido renovada sucesivamente “sin que el ayuntamiento haya ejercido control sobre muchos de los aspectos que implica”, otros han hablado de un precio “razonable” que se encuentra “en el número 12 respecto al de todas las capitales de provincia del Estado”.
Así, la defensa del continuismo de una gestión que “no ha dado problemas”, y que lleva la firma del Grupo Gimeno, se ha contrapuesto a la posibilidad de “actualizar el contrato” y “permitir la competitividad empresarial y la introducción de nuevos criterios de calidad y de sostenibilidad, además de liderar el control administrativo”, como ha sostenido el portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, que ha votado a favor de la propuesta de Podemos.
La defensa de la moción presentada por el grupo Municipal Podemos Esquerra Unida, se ha iniciado hablando de lo que supondría este hecho y lanzándo un órdago que los socialistas no han recogido: “hoy llevamos a este Pleno una de las decisiones más importantes de esta legislatura del Acord de Fadrell y una de las que más repercusión tendría para esta ciudad y para este Ayuntamiento. La finalización de la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable del año 1983 de la ciudad de Castelló sería un hito que mostraría el compromiso de este equipo de gobierno con la modernización de esta administración, con la transparencia y con la sostenibilidad ambiental”, ha defendido Fernando Navarro.
“El contrato de concesión de gestión indirecta del agua potable es probablemente el contrato más importante de este ayuntamiento Y no se ha revisado ni una vez en 38 años” -Fernando navarro-
Por otro lado, Navarro ha reiterado que pese a la importancia de ese contrato del agua “ni conocemos la recaudación de dinero público, pagados por toda la ciudadanía de Castelló por un precio público, por un servicio público, que genera el servicio del agua potable, que van directamente a manos privadas sin ningún control democrático”.
Además, a sabiendas de que la moción no iba a prosperar, el portavoz de la coalición de izquierdas ha destacado que “el simple hecho de llevar esta votación al Pleno ya es un paso adelante, porque probablemente este debate ya ha generado más atención administrativa y ciudadana sobre este contrato que ningún otro momento en los 38 años previos”.
Respecto a la empresa concesionaria, Navarro también ha querido aclarar que no se trataba en absoluto, “de una moción contra la empresa concesionaria” sino “a favor de recuperar el control público de un servicio público“.
“Nosotros nos pasamos la campaña electoral de 2019 diciendo que éramos la única candidatura sin deudas pendientes ni con la familia Batalla ni con la familia Gimeno, y que precisamente por eso tendríamos la capacidad de abrir debates y empujar cambios necesarios para modernizar nuestra ciudad. Hoy hemos cumplido con nuestra palabra y solo con este debate Plenario ya nos hemos acercado un poco a la recuperación del control democrático de un servicio que tiene que ser público”, ha concluido.
“Falta de control” del ayuntamiento
Respecto a la argumentación de Compromís a favor de la moción de Podemos, García ha recordado también hoy en el plenario su condición de Diputado Provincial responsable, precisamente de la gestión del agua, argumentando que son las administraciones públicas quienes tienen que garantizar esa buena gestión de este recurso y por eso, ha añadido “necesita que el Ayuntamiento de Castelló lidere el control administrativo”.
“Desde el año 1983, este contrato no ha tenido ni el liderazgo político, ni los recursos de personal y económicos necesarios para llevar un control real y efectivo de la principal concesión que tenemos, la cual -hay que decirlo- ofrece un buen servicio“, ha incidido Garcia.
Sin embargo, el portavoz de Compromís ja reiterado que esa “falta de control” hace que el Ayuntamiento de Castelló “no es capaz de responder actualmente preguntas cómo ‘cuánto recauda la concesión del agua cada año’, ‘cuánta gente trabaja para garantizar el servicio’ o ‘cuáles han sido las últimas inversiones en nuestra red de suministro’”.
Garcia ha argumentado que “hace falta más información y más documentación, sin la que resulta difícil justificar una prórroga del presente contrato, firmado inicialmente para 20 años y que, con esta nueva prórroga, acumulará 43 años sin revisiones”.
