El Ayuntamiento de Castelló prevé la legalización de 1.899 viviendas de la Marjalería, es decir, cerca de la mitad del total de 4.000 existentes en esta zona de la ciudad, según ha anunciado el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, en el pleno municipal celebrado este jueves.
Ha sido precisamente durante el debate del punto en el que se ha aprobado la declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial para una vivienda unifamiliar en la partida Fadrell.
Según ha explicado el edil, la minimización de impacto territorial es un procedimiento establecido en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana para regularizar viviendas construidas en suelo no urbanizable antes del 20 agosto 2014.
«Hemos empezado por las solicitudes más antiguas con infracción urbanística y que cumplan con los requisitos», ha señalado Toledo, quien ha apuntado que, además, están trabajando junto a la Conselleria -porque la ley no da solución a Castelló en zonas como la Marjalería- en la elaboración de un plano que facilite la minimización individualizada al máximo de eficaciones posibles existentes en suelo no urbanizable de la Marjalería. «Calculamos poder legalizar 1.899 viviendas de las 4.000 de Marjalería», ha afirmado.
Un problema clásico enquistado desde su orígen
Cabe recordar que la ‘alegalidad’ de las construcciones de este espacio es un problema tan clásico como enquistado y que prácticamente nació con las mismas edificaciones y la mirada muchas veces hacia otro lado de las administraciones competentes o las presiones políticas y vecinales de unos y otros.
De hecho, una parte importante de los quebraderos de cabeza de quienes han intervenido en el área de urbanismo, ya fuera a través de la elaboración de planes urbanísticos o en cualquier acción, se han encontrado con los mismos problemas, acrecentados cuanto más proliferaban las construcciones, muchas veces, directamente ilegales y que terminaban reclamando servicios y derechos.
Con todo, fue también en la anterior legislatura cuando de nuevo el estudio de las figuras jurídicas y los condicionantes a que vecinos y técnicos podían acogerse para regularizar su situación, volvió a estallar una vez más y reapareció incluso el miedo a las demoliciones.
Basta consultar la hemeroteca, para encontrar una de las cientos de noticias e informaciones que el problema generó. Como el arranque de las reuniones informativas en 2022, con el anterior gobierno de Amparo Marco y José Luís López como edil de urbanismo, tras la marcha de Rafa Simó, en las que se trató de responder las miles de preguntas y dudas que tenían los propietarios mientras en los despachos se buscaban salidas.
Ya entonces se expuso el inicio de esta vía a la que hoy se refería el edil del PP , Sergio Toledo, y que permitiría a muchos propietarios «salvar» o al menos regularizar su vivienda si cumplían una serie de requisitos.
