¿Cómo se fabricó una de las mayores patrañas de la historia reciente del país? El caso ‘Bar España’ continúa circulando 25 años después y sus propagadores se sentarán en el banquillo de los acusados.
Esta patraña relacionó a políticos valencianos con una supuesta red de pederastia y ritos satánicos que corrió como la pólvora. Después de acusar a cargos políticos de violaciones y asesinatos de menores, resulta que todo era mentira.
La falsa historia se centraba en un bar de Benicarló, en Castelló, donde decían que se realizaban ritos satánicos y se torturaba y violaba a niños secuestrados de un centro de menores próximo. Como culpables, fueron señalados políticos y empresarios muy conocidos de la Comunitat Valenciana, entre ellos, Carlos Fabra.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Castelló ha abierto juicio oral contra nueve personas por el conocido como caso ‘Bar España’, una banda que, según los acusados, estaría encubierta, además, por jueces, policías y guardias civiles.
Los responsables se manifestaron frente al juzgado en 2017 cuando la investigación estaba en marcha, sin embargo, se sentarán en el banquillo por delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad contra autoridades, funcionarios y particulares. Además, a uno de ellos se le procesa también por denuncia falsa.
La magistrada les pide una fianza de 2,4 millones de euros -en metálico o en bienes- para garantizar el pago de posibles indemnizaciones a los afectados si así lo estima la sentencia que se dicte.
Después de finalizar la instrucción, la juez responsable determinó que, al menos desde 1998, algunas personas -entre ellas, el expresidente de la Diputación de Castelló Carlos Fabra, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps o la magistrada Sofía Díaz- «han sido objeto de continuas informaciones falsas aparecidas en diferentes páginas, blogs y canales de televisión, relacionándolos «con una organización de corrupción mafiosa, política, judicial y de pederastia» que mantenía reuniones en el citado restaurador -que contaba con habitaciones- para cometer «hechos atroces», todos ellos «rotundamente falsos».
Una campaña de «acoso y desprestigio público» que, según el acto de procedimiento abreviado publicado el marzo de 2021, empezó el dueño de una peluquería ya muerto y condenado con anterioridad por este asunto, y por la que se han realizado multitud de denuncias falsas a diferentes instancias jurídicas.
La juez indicó que los encausados han actuado «de manera infamatoria contra los perjudicados, atentando gravemente contra su integridad moral y, instigando artificialmente un odio contra sus víctimas, afectando su honor». Los promotores de esta patraña que circula desde los años noventa señalaban también como encubridores a actuales cargos de la Generalitat, como su vicepresidenta y consejera de Igualdad, Mónica Oltra.
Los menores que supuestamente fueron objeto de actas sexuales y agresiones, según señalaba el acto, reconocieron que esas acusaciones no eran ciertas. Así mismo, explicaron que el principal impulsor de la trama inventada los obligó, aprovechando sus días de permiso del centro de menores en el cual se encontraban internados por sus circunstancias familiares, a aprenderse unos textos en los cuales relataban las agresiones para grabarlos en la parte superior de su local de su peluquería o en sus propios domicilios. Sus progenitores, de hecho, también fueron condenados por estas falsedades.
«Durante años, internautas especializados en la propagación de patrañas y en la difusión de teorías conspiratorias, difundieron la historia y la publicaron y mantuvieron en diferentes foros», destacaba el escrito judicial, por lo cual se acordó seguir el procedimiento contra los responsables de varias publicaciones digitales que afirmaron, entre otras cosas, que «casi un centenar de niños fueron violados de forma continuada a Castelló durando más de una década».
Sobre este tema, a uno de los encausados -conocido en redes con el pseudónimo de ‘Técnico preocupado’- se le practicó en 2016 un registro domiciliario en el cual se intervino documentación sobre el caso. Otro aseguró en medios de comunicación que no estrenaba el documental que él mismo había grabado sobre este asunto por miedo a represalias.
