El Juzgado de Instrucción número 1 de València ha citado a declarar el próximo 14 de enero al concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de València, Juanma Badenas (Vox), como investigado por entrar sin permiso en la sede del Sindicat d’Estudiants, tras la querella presentada por esta organización estudiantil.
Según consta en un auto judicial, Badenas ha sido llamado a declarar a las 10.00 horas y, en la misma condición de investigados, también deberán comparecer dos asesores del grupo municipal de Vox. Los responsables del sindicato han sido citados para prestar declaración unos días antes, el 17 de diciembre, a las 12.00 horas, en calidad de denunciantes.
La resolución no es firme y permite la presentación de un recurso de reforma en el plazo de tres días. Esta posibilidad abre la puerta a que las partes soliciten que se revise la decisión inicial del juzgado de continuar con la investigación.
Querella por allanamiento y descubrimiento de secretos
El pasado mes de julio, el Sindicat Estudiants de la Comunitat Valenciana y la Associació de Dones Lliures i Combatives de País Valencià interpusieron una querella criminal contra Badenas y dos de sus asesores. Les atribuían dos posibles delitos: uno de allanamiento ilegal de su sede en València y otro de descubrimiento de secretos.
En la querella se recordaba que el Ayuntamiento de València ha venido cediendo desde hace años el uso de locales de propiedad municipal a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Estos espacios se destinan a actividades de interés social y se emplean para desarrollar las funciones propias de cada colectivo.
Los hechos denunciados se remontan al 3 de julio. Esa tarde, un representante del Sindicat d’Estudiants acudió al local y comprobó que la cerradura estaba dañada y que en su interior había una llave partida. Este hallazgo hizo sospechar que alguien había intentado acceder al inmueble.
Tras esta primera comprobación, el representante revisó las cámaras de seguridad instaladas en el interior del local. En las grabaciones encontró cuatro secuencias del día anterior en las que se ve a un hombre que entra en el recinto con un micrófono colocado en el pecho, acompañado de una mujer que graba con su teléfono móvil las diferentes estancias.
En esas imágenes se observa cómo estas dos personas inspeccionan los documentos de la sala principal. Posteriormente aparece una tercera persona, también un hombre, que se suma a la visita del interior del local. Para el sindicato, estas acciones no se limitaron a una simple entrada puntual.
El representante del sindicato informó de lo sucedido al Ayuntamiento de València y presentó una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional. A partir de estas actuaciones, las tres personas que aparecían en las imágenes quedaron identificadas como el concejal de Patrimonio, Juanma Badenas, y dos asesores del grupo municipal de Vox.
Justificación de Badenas y versión de los querellantes
Tras hacerse públicos los hechos, Badenas defendió su actuación. Afirmó que le parecía de ‘sentido común comprobar los bienes del patrimonio municipal’ y explicó que accedió al local porque había recibido un informe de la Policía Local. Según su versión, ese informe señalaba que la sede llevaba varios días cerrada y quiso verificar que se estaba haciendo un ‘uso adecuado’ del inmueble.
Sin embargo, los querellantes sostienen una interpretación muy distinta. Consideran que los hechos podrían encajar en un presunto delito de allanamiento del domicilio de una persona jurídica y en otro de descubrimiento de secretos. A su juicio, la conducta no se limitó a entrar en el local, sino que incluyó ‘la grabación de vídeos dentro de los despachos y la revisión de la documentación’ existente en la sede.
El procedimiento penal abierto permitirá ahora al juzgado escuchar a todas las partes, analizar las pruebas aportadas, incluidas las grabaciones de las cámaras de seguridad, y determinar si los hechos descritos tienen relevancia penal. Hasta entonces, Badenas y sus asesores mantienen la condición de investigados, una figura procesal que no implica culpabilidad pero sí que se les atribuye formalmente la posible participación en los hechos denunciados.
