El Colegio de Abogados de Castellón, al igual que el resto de Colegios de Abogados de España, ha convocado para este miércoles 28 de junio una concentración en defensa de un Pacto en Justicia. Actualitat Valenciana ha hablado con el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Castelló (ICACS), Manuel Mata, que explica en términos sencillos de que modo afecta esta situación a la ciudadanía
Denunciar «Las demoras crónicas» que está sufriendo a justicia y visibilizar como la ralentización de este engranaje deja indefensa a la ciudadanía, en uno de los argumentos que según Mata, han llevado a los profesionales de la abogacía a concentrarse ante juzgados de toda España.
Y es que lo que empezó hace unos meses con las reivindicaciones económicas, por la bajada de poder adquisitivo de los Letrados de la Adminsitración de Justicia (LAJ), es decir, los secretarios judiciales, que dependen de del Ministerio, se fue trasladando después a diferentes escalafones y colectivos vinculados a esa administración de modo que «en estos momentos, -según apunta Mata- se ha llegado al punto que hay una serie de «paros encubiertos» entre una parte del funcionariado que siguen paralizando y bloqueando los trámites, «porque siempre parece que coincide que la persona que lleva esa parte del expediente, justo ese día no está por algún motivo», comenta.
A aquellas las primeras medidas de presión de los LAJ «se sumó después la amenaza de huelga de los Magistrados, que no llegaron a ese punto, y entonces fueron los funcionarios quienes se sumaron a este proceso de pedir….», recuerda el Decano del ICACS.
Un proceso que ha llevado a una situación «compleja» y que derivan en que muchos de los abogados que diariamente acuden a los juzgados hablen ya de esa «posible huelga encubierta» respecto la que «la propia administración, en cualidad de empresario, no hace nada», se lamenta Mata. «Algo que sería impensable si se tratara de una empresa privada y cada día por la ausencia de una u otra persona encargada de una sección se ralentizara o se interrumpiera todo el proceso», añade.
La ciudadanía reclama a sus abogados
La traducción este panorama con o sin esos posibles «paros y huelgas encubiertas» que algunos apuntan es que «en medio de todo esto están los ciudadanos reales con nombres y apellidos que se van afectados por estos paros o huelgas encubiertas y la sensación que te queda es que un servicio público como es la justicia no funciona. Por eso los colegios de abogados han entendido que hay que visibilizarlo», declara Mata.
«Una justicia paralizada significa que para el incumplidor, esto está perfecto» apunta, además advierte que «procuradores y graduados sociales están llamados también a plantearse».
Pero además de eso, los profesionales de la abogacía no ocultan que hay también poderosas razones económicas, y es que, según el Decano del ICACS «ya hay abogados que están cerrando despachos poruqe no pueden trabajar, por tanto también hay una razón de defensa de nuestro colectivo».
«Cuando algo no funciona o está paralizado, el cliente a quien le reclama y le pide explicaciones a su abogado. La razón fundamental es que nosotros representamos a unos clientes cuyos procesos se están viendo paralizados», concluye.