La noticia de las multas impagadas del concejal de movilidad de Castelló, Cristian Ramírez ha transcendido ya al ámbito nacional. Bastaba mirar hoy algunas cadenas o ver cómo estaba la sala de prensa del ayuntamiento esta mañana para entender que algo tan «pintoresco» como el incumplimiento del pago de sanciones por estacionamiento de un edil, precisamente, de ese área, tendría trascendencia.
Sin embargo, lo nuevo del capítulo de este jueves pasa básicamente por tres puntos y el principal es que mientras los socialistas y Compromís ya han pedido su dimisión, desde el PP aseguran que «no está sobre la mesa». Es decir que ni se plantea ni el principal protagonista ha puesto su cargo a disposición del partido.
Los otros dos puntos clave son descubrir el cómputo real de las multas adeudas y averiguar si «el agujero» en la aplicación que introduciendo una matrícula permitía ver las sanciones, supone una vulneración de los datos personales y quien es el o la responsable en última instancia.
De cualquier modo, como ya se ha encargado el grupo municipal socialista de compartir en redes, el salto de la política local a lo nacional del caso, es ya una evidencia.
Por otra parte, tampoco hay que olvidar que parece que para la ciudadanía castellonense más interesante incluso que saber cual será el futuro de Ramírez, si dimitirá, será cesado o se mantendrá en el cargo, interesa más saber, realmente cuántas multas tiene pendientes de pago.
Multas pagadas ayer
Como ha reconocido hoy el portavoz del equipo de gobierno: “los datos son los que son. Ayer mismo, el concejal recibió nueve multas por estacionamiento indebido. Justo en el mismo momento que Jorge Ribes estaba denunciando públicamente en el atril del Salón de Plenos. No sé si malinterpretarlo o ‘bieninterpretarlo’, pero no creo en las casualidades, sino más en las causalidades”.
Sales ha explicado que “una vez finalizado el Pleno, Cristián Ramírez se dirigió a los Servicios de Recaudación del Ayuntamiento para abonar las multas de las que ha sido notificado. Allí mismo, se interesó por si había más notificaciones que resolver a su nombre, contabilizando 20 más que abonó, al igual que las anteriores, de manera inmediata. Y en estos momentos no le consta ninguna denuncia más”.
Respecto al desembolso que esto supondría para el edil, pese a que el portavoz no ha querido ahondar más, aunque pero si mencionado unos 2.000 euros, no es muy difícil hacer el cálculo con el precio de las sanciones que sumando a las más inmediatas que podrían tener la bonificación del 50% y por tanto quedarse en los 40 euros, las más antiguas pendientes de los años 2019, 2020, 2021, 2022, se deberían haber abonado con el importe íntegro – unos 80 euros al menos – sin contar los recargos en caso que los hubiera, lo que podría suponer más de 2.000 euros por las 29 sanciones que su partido sí reconoce que abonó este miércoles.
Multas pendientes de pago
En cuanto las multas que podrían estar pendientes, el PP insiste en que eso sería aventurarse, pese a que hasta ayer por la tarde la aplicación móvil de donde los socialistas sacaron la información, permitía consultarlas, -hoy ya ha sido capada-.
Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló ha presentado por registro municipal un escrito para que se investigue si el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, presuntamente ha podido acumular de enero de 2023 a enero de 2024 un total de 167 sanciones por infringir las ordenanzas de aparcamiento en la zona azul de la ciudad, tal y como recoge la información a la que han tenido acceso el grupo socialista y que ayer desveló en el pleno el edil socialista Jorge Ribes.
La portavoz socialista, Patricia Puerta, señala que “la ciudadanía tiene que saber si un cargo público del ayuntamiento, el edil del PP Cristian Ramírez, lleva presuntamente aparcando día tras día sin sacar el tíquet correspondiente en la zona azul y, lo que sería más grave, acumulando multa tras multa, dejando de pagar presuntamente la mayor parte de ellas a las arcas municipales”.
Según los socialistas, Cristian Ramírez, como expuso ayer en la sesión plenaria Jorge Ribes, habría acumulado durante el último año 167 sanciones, de las que solo 33 estarían pagadas a razón de 5,25 euros. Ello supone que, presuntamente, “hay nada menos 134 que no pagó en tiempo y forma, por lo que ya pasan a expediente sancionador por parte del ayuntamiento”.
Tras esta denuncia en el pleno, como destaca Patricia Puerta, “asistimos a un absoluto despropósito de versiones desde el Partido Popular: primero con su silencio, después con la negación de los hechos por parte del portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, y después reconociendo que Cristian Ramírez sí tenía 29 multas sin pagar, que decidió abonar ayer mismo, eso sí, solo cuando desvelamos los hechos”. Para la portavoz socialista, “solo el hecho de que ayer ya reconociese de forma oficial estas casi 30 multas sin pagar es un escándalo mayúsculo y motivo para que dimita de forma irrevocable”, asevera Puerta.
La portavoz socialista recuerda que, además, “estamos hablando nada menos que del concejal de Movilidad, el responsable político de que se sancione a los y las castellonenses por infracciones de tráfico. Solo el hecho de que haya asumido que sí que existen, al menos, 29 multas es burlarse del resto de ciudadanos y ciudadanas que sí sacan el tíquet y sí pagan las multas”.
Patricia Puerta añade que el Grupo Municipal Socialista “va a llevar hasta las últimas consecuencias estos hechos, y lo primero que queremos saber es qué va a hacer el equipo de gobierno en defensa de los derechos de los vecinos y vecinas, porque hay que saber si el señor Ramírez está o no adeudando dinero al Ayuntamiento de Castelló por las decenas y decenas de sanciones que, presuntamente, no pagó en tiempo y forma por infracciones en la zona azul”.
Sales: «lo voy a explicar pero no lo voy a justificar»
En medio de todo este revuelo, el principal señalado, ni salió ayer en el pleno ni ha comparecido hoy ante los medios. En su lugar lo ha vuelto a hacer el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales quien, ante la lluvia de interrogantes y aclaraciones sin respuesta que le reclamaba la prensa, ha reconocido que el tema del impago d elas multas no era «estético». Del mismo modo que también ha explicado que ya se habló con el concejal y se le explicó que ostentar un cargo público llevaba una serie de responsabilidades.
Insistiendo sobre la gravedad de que sea precisamente un concejal de movilidad quien se encuentre en esta situación, ha afirmado: «Estéticamente no queda bien, pero en todo caso, él lo está pagando».
«Le hemos hecho saber también cual es el puesto que ocupa y que no nos parece bien y las personas que nos dedicamos a la cosa pública hemos de ser ejemplares», ha añadido.
En cuanto a las posibles razonas para que no pagara, Sales se ha referido a que la zona en la que vive el concejal es toda zona azul «y como todos los vecinos, pues se juega un poco con las horas que no se paga». Un argumentario un tanto peregrino a juzgar por la cantidad de sanciones que quizás le ha llevado a matizar: «Lo voy a explicar pero no lo voy a justificar».
Además, ante la presión mediática que buscaba una condena que públicamente su partido no ha hecho, sales ha matizado: «estaremos vigilantes para que esto no vuelva a pasar».
Una denuncia ante la Agencia de Protección de datos
En cuanto a los posibles delitos a los que hace menos de 24 horas se aferraba el PP al hablar de cómo se habían hecho públicos esos datos, el portavoz ha informado también de que “hoy mismo, Cristian Ramírez ha interpuesto una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por vulneración de su derecho a la privacidad y a la intimidad, porque lo que también consideramos un escándalo es la filtración de datos privados y personales y su publicidad, tal y como hizo Jorge Ribes, pues podría estar cometiendo delitos: la filtración de los datos y la publicidad de los mismos. Y entiendo que Cristian también esté estudiando acciones legales contra esta filtración de datos tan irregular”.
