Las fuertes lluvias y la alerta roja decretada por emergencia han provocado este lunes el cierre del Palacio de Justicia de Gandia y la suspensión de la actividad judicial ordinaria tanto en esta ciudad como en la demarcación judicial de Dénia, ante el riesgo para las personas y las dificultades de acceso a las sedes.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el presidente del Tribunal de Instancia de Gandia, Juan Antonio Navarro, ha acordado el cierre de los juzgados de la ciudad para evitar riesgos, después de constatar la imposibilidad de acceder en condiciones de normalidad al edificio.
La medida implica la suspensión de todos los señalamientos y trámites ordinarios previstos para la jornada en Gandia y en Dénia. No obstante, se han mantenido los servicios esenciales para garantizar la atención a los supuestos urgentes que no pueden aplazarse.
Servicios mínimos en Gandia
En el caso de Gandia, solo puede acceder al Palacio de Justicia el personal estrictamente indispensable. Este personal presta servicio en el Juzgado de Guardia, en la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer y en la Sección Civil que se encuentra en funciones de disponibilidad para actuaciones urgentes.
Estas decisiones se han adoptado dentro del Protocolo de Actuación Judicial en Supuestos de Grandes Catástrofes del Consejo General del Poder Judicial y del Protocolo de Gestión de Situaciones de Crisis que afecten al ámbito judicial en la Comunitat Valenciana. Ambos documentos fijan los pasos a seguir cuando una emergencia externa impide el normal funcionamiento de los órganos judiciales.
La Sala de Gobierno del TSJCV se ha reunido de urgencia este lunes para conocer y respaldar estos acuerdos. El órgano de gobierno de los jueces valencianos ha decidido elevar las decisiones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el responsable de la organización del poder judicial en todo el Estado.
Además, la Sala de Gobierno ha comunicado de forma oficial las medidas a la Conselleria de Justicia y a los colegios profesionales implicados. Entre ellos figuran los colegios de abogados, procuradores y trabajadores sociales que desarrollan su labor diaria en los juzgados de Gandia y Dénia.
Sin suspensión general de plazos procesales
El acuerdo precisa que, de momento, no resulta necesario proponer la suspensión general de los plazos procesales. El TSJCV ha señalado que el cumplimiento de estos plazos puede realizarse de forma telemática, a través de los sistemas electrónicos habituales en la Administración de Justicia.
El propio texto matiza, no obstante, que pueden existir cuestiones puntuales que planteen problemas concretos. En esos casos, cada órgano judicial deberá valorar la incidencia en su procedimiento y elevar la propuesta correspondiente para que se adopte la solución adecuada.
La Sala de Gobierno del TSJCV ha recordado que ya acordó por unanimidad este domingo que, ante el ‘riesgo evidente’ para las personas derivado de la alerta roja por lluvias, y mientras dure la situación de emergencia, ‘no existe obligación alguna de desplazarse’ a las sedes judiciales.
En esa misma línea, el alto tribunal valenciano ha reiterado que la alerta roja supone una ‘justificación suficiente para presumir la imposibilidad material de acudir a las actuaciones jurisdiccionales o procesales que deban celebrarse en las zonas afectadas, o cuando sea necesario transitar por ellas’. De este modo, se reconoce que las inclemencias meteorológicas pueden impedir de hecho la asistencia a vistas y comparecencias, y se ofrece cobertura jurídica a quienes no puedan desplazarse por motivos de seguridad.
