El Gobierno ha avanzado que aprobará este martes un paquete de 45 millones de euros para crear cerca de 2.000 nuevas plazas en residencias universitarias públicas de todo el país, una medida que busca ofrecer alojamientos a precios asequibles para estudiantes y profesorado y que incluye 4,45 millones destinados a la Universitat Jaume I de Castellón.
Según ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se trata de un real decreto que impulsa proyectos de vivienda universitaria ya preparados y que no necesita convalidación posterior en el Congreso de los Diputados. La norma estaba pendiente de ver la luz en esta legislatura y se ha orientado a aliviar el impacto de la crisis de acceso a la vivienda sobre el alumnado universitario.
Sánchez ha subrayado que ‘la universidad no es inmune al problema de la vivienda’ y ha advertido de que, ‘cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, la universidad deja de ser motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades’. Estas declaraciones se han producido durante la firma de la declaración del proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario, que el Ejecutivo también ha previsto aprobar en el mismo Consejo de Ministros.
Reparto de los fondos y proyectos en marcha
El decreto de vivienda universitaria permitirá poner en marcha varios proyectos concretos de nuevas residencias o ampliaciones que ya estaban maduros. En este reparto, la Universidad Autónoma de Madrid recibirá 13,36 millones, el campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 8,19 millones y la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, 6,5 millones.
Además, la Universidad de Burgos contará con 5,94 millones, la Universitat Jaume I de Castellón con 4,45 millones, la Universidad de Jaén con 3,56 millones y el Ayuntamiento de Lleida con 2,97 millones. Todos estos proyectos sumarán, en una primera fase, cerca de 2.000 nuevas plazas de alojamiento en residencias ligadas a universidades públicas.
El presidente ha defendido que ‘para que la universidad cumpla con su misión, todos debemos protegerla y financiarla’, y ha añadido que ‘pocas cosas representan mejor el progreso de España que la Universidad, que es el mayor ascensor social’. Con esta inversión, el Gobierno quiere facilitar que más jóvenes puedan estudiar fuera de su lugar de origen sin que el precio del alquiler sea una barrera.
Nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario
Junto con las ayudas a la vivienda, el Consejo de Ministros aprobará también el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que actualiza el de 2010. Aquel fue el primero de la democracia y sustituyó a la normativa heredada de la dictadura franquista, por lo que el Ejecutivo considera necesario adaptarlo a la realidad actual del alumnado.
El texto se ha consensuado con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) y la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas (CREUP). Todas estas entidades han participado en la definición de los derechos y deberes del estudiantado y del conjunto de la comunidad universitaria.
Entre las principales novedades, el Estatuto facilitará la compatibilidad de los estudios con la actividad laboral del alumnado y reconocerá expresamente el derecho al paro académico, total o parcial. También reforzará la calidad de las prácticas académicas externas y la movilidad, tanto nacional como internacional, para que el paso por la universidad incluya experiencias formativas más completas.
El nuevo marco normativo mejorará además los apoyos para estudiantes con discapacidad, con necesidades específicas de apoyo educativo o con dificultades de aprendizaje. Para ello, fijará obligaciones claras para las universidades, que deberán reforzar recursos, adaptar procesos y garantizar una atención más personalizada a estos perfiles.
Salud mental y protección de derechos
El Estatuto establecerá una serie de derechos y deberes para toda la comunidad universitaria y obligará a las universidades, públicas y privadas, a ofrecer apoyo psicológico al alumnado. Deberán disponer de unidades específicas y de un protocolo de actuación, prevención e intervención ante conductas suicidas, siempre en coordinación con los servicios públicos de salud de cada comunidad autónoma.
El objetivo declarado es cuidar la salud mental del estudiantado, un aspecto que el Gobierno considera una de las principales novedades del texto. Se busca que cualquier persona que atraviese una situación de crisis, acoso o sobrecarga emocional encuentre recursos de apoyo dentro de la propia universidad y no quede desatendida.
Sánchez ha recordado que ‘no todos los estudiantes llegan a la universidad en las mismas condiciones, ni todos recorren el mismo camino’. Según ha señalado, ‘hay estudiantes que al salir de clase lo que hacen es irse a trabajar; otros que tienen que compaginar los exámenes con el cuidado de sus hijos o también de sus padres y madres y hay quienes afrontan, desgraciadamente, situaciones de acoso’. A su juicio, ‘todos y todas merecen una universidad que les comprenda, que les acompañe y que también los proteja’.
En esta línea, el nuevo Estatuto también protegerá los datos personales del estudiantado y su derecho a la desconexión digital. Además, reforzará los sistemas de tutoría y de prácticas, y profundizará en la defensa de la integridad académica, con el fin de garantizar una formación de calidad y un entorno universitario más seguro y equitativo para todo el alumnado.
