La Generalitat ha presentado 35 recursos y numerosas alegaciones para frenar los nuevos deslindes que afectan a 70 kilómetros de la costa valenciana, con el objetivo de proteger el litoral, la actividad económica y la seguridad jurídica de los vecinos de más de una veintena de municipios.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha detallado esta estrategia durante la presentación del plan de defensa de la costa valenciana, impulsado tras los procesos de deslinde promovidos por el Gobierno central.
Según ha explicado, más del 70 % de la población vive a menos de diez kilómetros del mar, lo que refuerza el valor estratégico del litoral para la economía, el turismo y la vida social en la Comunitat Valenciana.
En el acto han participado también el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, y el concejal del Ayuntamiento de València Carlos Mundina, que han respaldado la necesidad de un frente común institucional en torno a la protección de la costa.
Martínez Mus ha subrayado que la actual situación responde a una intensificación de expedientes por parte del Estado: ‘Tenemos mucho que hacer para proteger nuestra costa y en estos momentos estamos sufriendo esta vorágine de deslindes en todo el territorio’.
Ha recalcado que el Consell está decidido a recurrir cada uno de estos procedimientos: ‘Lo que intentamos hacer es combatirlos, explicar en qué consiste esta herramienta, más que nada por la tranquilidad de la gente, que sepa que la Generalitat está impugnando todos y cada uno de estos deslindes y que no vamos a tolerar que se conviertan estas intenciones en normas firmes’.
Municipios afectados en València y Castellón
Las alegaciones y recursos alcanzan a más de veinte municipios del litoral de la Comunitat Valenciana, tanto en la provincia de Valencia como en la de Castellón.
En la provincia de Valencia se han presentado actuaciones en Dénia, Sagunt, Puçol, El Puig de Santa Maria, la Pobla de Farnals, València, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia y Bellreguard.
En la provincia de Castellón se han registrado recursos y alegaciones en Vinaròs, Benicarló, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa del Mar, Benicàssim, Almassora, Borriana, Xilxes y Moncofa.
El conseller ha señalado que en otras localidades como Elche o Guardamar del Segura también se han detectado procesos de regresión del litoral. En estos casos, ha añadido, el respaldo de la Generalitat se apoya en el desarrollo normativo de la nueva ley autonómica de costas.
Tres ejes del plan de defensa
La estrategia se articula en tres grandes líneas de actuación. En primer lugar, la reclamación de las obras de protección del litoral pendientes desde hace una década, de las que más de la mitad siguen sin ejecutarse.
En segundo lugar, la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana mediante recursos y alegaciones contra los nuevos deslindes que consideran perjudiciales para los municipios costeros y sus residentes.
En tercer lugar, el desarrollo de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que debe servir como marco estable para la gestión del litoral y para fijar criterios claros en futuras decisiones administrativas.
Martínez Mus ha defendido que esta estrategia combina la protección ambiental con la regeneración de las playas, la recuperación del equilibrio sedimentario y la inversión en actuaciones de protección costera, siempre con la seguridad jurídica como pilar.
En sus palabras, ‘la protección ambiental y la seguridad jurídica no son conceptos incompatibles. Al contrario, deben avanzar juntas’, por lo que ha defendido que toda intervención en la costa debe respetar ambas dimensiones.
Rechazo a la reforma del Reglamento de Costas
El Consell mantiene su oposición al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas, al considerar que algunos de sus cambios pueden generar inseguridad jurídica y afectar a ciudadanos, actividades económicas y ayuntamientos costeros.
En este contexto, el conseller ha advertido de que ‘un único temporal excepcional‘ no debe servir para modificar de forma permanente los límites del dominio público marítimo-terrestre.
Ha reclamado que cualquier decisión en esta materia se base en ‘criterios técnicos rigurosos, datos objetivos, series históricas contrastadas y parámetros científicos verificables’, con el fin de evitar decisiones improvisadas o desproporcionadas.
El plan de defensa del litoral incluye también el acompañamiento técnico y jurídico a ayuntamientos, asociaciones y vecinos afectados. Para ello, la Generalitat ofrece informes, alegaciones, recursos y actuaciones administrativas en los procedimientos abiertos sobre la costa.
Con este enfoque, el Consell busca reforzar la posición de las administraciones locales y de la ciudadanía en los procesos de deslinde, y asegurar que las decisiones sobre el litoral valenciano se adopten con mayor transparencia, rigor técnico y garantías para las personas directamente afectadas.
