La acampada por el derecho a la vivienda en la plaza del Ayuntamiento de València ha abierto un debate sobre la celebración de los actos del 9 d’Octubre, mientras la Delegación del Gobierno ha garantizado que la prioridad será la seguridad de todas las personas presentes en el espacio público.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que la Policía Nacional y la propia Delegación del Gobierno ‘están para garantizar la seguridad’, en referencia directa a esta protesta instalada en pleno centro de València.
Según ha explicado, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han asumido el escenario actual como un hecho que deben gestionar: ‘No cambiamos realidades’, ha subrayado Bernabé, al ser preguntada por la coincidencia entre la acampada y los actos institucionales previstos por el 9 d’Octubre en la misma plaza.
La delegada ha realizado estas declaraciones ante los medios durante la última jornada de la conferencia internacional ‘De la crisis a la recuperación: fortaleciendo la resiliencia regional’, organizada por el Gobierno y la OCDE.
Coexistencia entre acampada y actos del 9 d’Octubre
Bernabé ha insistido en que la Delegación del Gobierno, a través de la Policía Nacional, va a ‘garantizar la seguridad de todas las personas‘ en ‘las circunstancias reales que estamos viviendo’. Ha añadido que colaborará con el Ayuntamiento de València en los actos que decida celebrar ‘con la realidad que tiene’ en la plaza.
La delegada ha destacado que en estos momentos hay personas acampadas ‘ejerciendo un derecho fundamental de reunión‘ y ha recalcado que se trata de una situación que forma parte del contexto que deben gestionar las instituciones.
En este sentido, ha remarcado que ‘la Policía Nacional va a trabajar de una forma decidida con todo lo que haga falta para garantizar la seguridad de todas las personas, también de las que ejercen legítimamente un derecho fundamental’ como es la protesta.
Bernabé ha reclamado rebajar la tensión política en torno a esta cuestión. ‘En la seguridad, como en todo, lo importante es el diálogo, no es la crispación’, ha señalado. Además, ha pedido responsabilidad a los representantes públicos: ‘Todos tenemos que ser responsables cuando hacemos ciertas declaraciones para no generar situaciones de confrontación social’.
La acampada por la vivienda ha sumado hasta ahora unas 700 personas en los distintos actos organizados y mantiene instaladas alrededor de 400 tiendas en la plaza del Ayuntamiento, lo que supone una ocupación significativa del espacio donde se desarrollan tradicionalmente los actos del 9 d’Octubre.
Diálogo con el Ayuntamiento y búsqueda de soluciones
La delegada del Gobierno se ha puesto ‘a disposición de la alcaldesa’, María José Catalá (PP), para abordar cualquier cuestión relacionada con la seguridad. Ha dicho que su objetivo es buscar un acuerdo ‘desde el diálogo’ que permita compatibilizar la protesta por la vivienda con la programación municipal.
Bernabé ha recordado que el año pasado los actos del 9 d’Octubre se suspendieron por la lluvia y ha utilizado ese ejemplo para ilustrar que existen factores que las instituciones no pueden alterar. ‘Hay personas en la plaza ejerciendo un derecho fundamental de reunión y es una realidad que no puede cambiar, igual que no podemos cambiar la realidad cuando llueve’, ha apuntado.
Sobre la posibilidad de trasladar de forma provisional la acampada a otro emplazamiento durante la celebración de la procesión cívica y la mascletà previstas en la plaza, la delegada ha señalado que la Delegación del Gobierno estudiará, ‘desde el diálogo’, ‘la mejor solución para garantizar la seguridad de todas las personas’ y que, al mismo tiempo, no genere una situación de mayor ‘conflictividad’.
En su valoración del momento actual, Bernabé ha recordado que ‘hace una semana teníamos una realidad y ahora tenemos otra’, en alusión a la instalación de la acampada. Ha defendido que cada institución debe ‘asumir las circunstancias que vive en cada momento y tomar las decisiones oportunas para garantizar la seguridad’.
En todo caso, ha reiterado que las personas acampadas ‘están ejerciendo un derecho fundamental de reunión’ y que la respuesta institucional no pasará por intentar ‘cambiar realidades’, sino por gestionarlas priorizando la seguridad y el diálogo entre administraciones y ciudadanía.
