La plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port ha presentado el escrito para llevar al Tribunal Supremo la ampliación norte del Puerto de València. El colectivo ha preparado un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que el 31 de julio rechazó su demanda contra el acuerdo de la Autoridad Portuaria de València que aprobó el proyecto constructivo.
Según ha informado la propia plataforma, el TSJCV tendrá que valorar en las próximas semanas si existen motivos suficientes para que el Supremo entre en el fondo del asunto. El núcleo del recurso es la posible vigencia de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida en 2007 para unas obras que, según el colectivo, se han modificado de forma sustancial casi veinte años después.
La Comissió Ciutat-Port sostiene que el nuevo proyecto constructivo, aprobado por la Autoridad Portuaria en diciembre de 2022 y actualmente en ejecución, ya no se corresponde con el que se evaluó ambientalmente en 2006-2007. A su juicio, el diseño actual introduce cambios de calado que alteran la magnitud y efectos de la obra prevista.
Entre esas modificaciones, la plataforma cita una ampliación importante del volumen y la profundidad de los dragados. También denuncia la demolición del contradique y del muelle de cruceros ya construidos, así como el cambio de ubicación de las explanadas y del muelle principal del proyecto.
Impacto ambiental y DIA de 2007
El colectivo ciudadano considera que estos cambios suponen un incremento notable del volumen de obras y de la remoción del fondo marino. Además, alertan de un aumento del consumo de recursos naturales asociado a la nueva configuración de la ampliación.
Para la plataforma, estos elementos pueden generar efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Por ello, defiende que el proyecto debería someterse a un nuevo procedimiento de evaluación ambiental específico para la fase actual.
La Comissió rechaza que se trate de una mera prolongación de las obras ejecutadas hace más de una década bajo la DIA de 2007. Considera, en palabras del comunicado, que es ‘inaceptable’ calificarlas como ‘una simple continuación‘ de aquellas actuaciones.
El colectivo subraya que la Declaración de Impacto Ambiental publicada en 2007 ‘no podía contemplar los cambios de obras’ que, según denuncia, se encuentran ahora en ejecución. Entiende que se está forzando la cobertura de una autorización ambiental pensada para un proyecto distinto y para una fase temporal muy anterior.
En su escrito, la plataforma argumenta la infracción de diversos artículos de la Ley de Evaluación Ambiental. También invoca el artículo 45 de la Constitución, que reconoce el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente adecuado y la obligación de los poderes públicos de protegerlo.
Según la Comissió Ciutat-Port, se vulneraría este precepto si se aceptase otorgar a una DIA acordada en 2007 ‘una vigencia prácticamente indefinida en el tiempo y a pesar de los cambios decididos unilateralmente por el promotor de las obras’. La plataforma insiste en que no puede mantenerse sin límite temporal una autorización emitida para un contexto y un diseño diferentes.
El escrito incorpora además varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todas ellas se refieren a la correcta aplicación de las Directivas europeas de protección del medio ambiente y a los requisitos de la evaluación de impacto ambiental.
Doctrina sobre la caducidad de las DIA
El colectivo espera que el TSJCV acuerde emplazar a todas las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo. Su objetivo es que el alto tribunal fije doctrina sobre la pérdida de vigencia de las declaraciones de impacto ambiental en proyectos desarrollados en varias fases temporales.
Comissió Ciutat-Port sostiene que, en este caso, el proyecto se ha dividido en dos etapas separadas en el tiempo. La segunda fase, además de posponerse durante años por decisión exclusiva del promotor, se habría modificado sustancialmente respecto al diseño inicialmente evaluado, según remarca el comunicado.
La plataforma explica que quiere agotar todas las vías judiciales disponibles en el Estado. Y avanza que, si resultara necesario, también acudirá a los tribunales europeos para defender su posición frente a esta ampliación.
El colectivo ciudadano afirma que mantendrá la batalla jurídica ‘hasta obtener una declaración de condena de las prácticas contra el medio ambiente, el territorio y la salud’ que, a su juicio, se dan en el caso de la ampliación del Puerto de València. Con este nuevo paso procesal, Comissió Ciutat-Port busca que la justicia revise a fondo la legalidad ambiental del proyecto actual y el uso de una DIA aprobada hace casi dos décadas.
