Les Corts Valencianes retomarán el próximo jueves los plenos ordinarios con la primera sesión de control del curso político al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, casi cuatro meses después de la última, celebrada el pasado 17 de junio, y con el debate sobre la tramitación de cuatro proposiciones de ley.
Esta semana se ha celebrado el primer pleno tras las vacaciones de verano, centrado en el debate de Política general. En esa sesión, el president y los síndics de los cuatro grupos han confrontado sus visiones sobre la situación de la Comunitat Valenciana. Ahora, la Cámara ha programado ya una agenda ordinaria, en la que el control al Consell recupera protagonismo.
Cuatro proposiciones de ley sobre la mesa
El orden del día del pleno del jueves incluye la decisión sobre si se admiten a trámite cuatro proposiciones de ley de PP, Compromís y PSPV-PSOE.
La primera iniciativa, impulsada por el PP, plantea modificar la ley forestal de 1993. El objetivo, según el texto, es ‘fomentar la gestión sostenible de los montes, promover la corresponsabilidad de sus titulares y favorecer el mantenimiento de masas forestales resilientes’.
El Consell ha respaldado la tramitación de esta reforma. Considera que la norma vigente es ‘insuficiente para dar respuesta a los desafíos climáticos y territoriales’ del siglo XXI. Además, parte de la idea de que proteger los montes no significa ‘dejarlos al margen de la actividad humana’. Por ello, abre nuevas vías de colaboración público-privada y refuerza el papel de los ayuntamientos en la gestión forestal.
Compromís ha registrado otra proposición de ley para crear una deducción específica. Esta deducción se dirigiría a las ayudas recibidas por las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. Este medicamento se comercializó como sedante y remedio contra las náuseas gestacionales, pero causó graves malformaciones en miles de neonatos.
Modificar el marco legal de emergencias y servicios sociales
Compromís defenderá también una reforma puntual de las leyes valencianas de Servicios sociales y de Gestión de emergencias. Su propuesta busca incluir las ‘situaciones de emergencia’ o de ‘catástrofe sobrevenida’ en el catálogo de situaciones y prestaciones. El objetivo es que estas circunstancias activen de forma clara la intervención de los servicios integrantes del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
El Consell ha emitido criterio desfavorable a la tramitación de esta iniciativa. A su juicio, la modificación ‘es innecesaria’, porque esas circunstancias ya constituyen, por su propia naturaleza, situaciones de emergencia o de urgencia social previstas en la normativa actual. Además, argumenta que la ley estatal no incluye al personal de servicios sociales entre los ‘Servicios de Intervención’.
Por su parte, el PSPV-PSOE defenderá una proposición de ley para reformar la ley de Gestión de emergencias. Esta reforma pretende incorporar nuevos derechos y obligaciones vinculados a la formación de la ciudadanía en autoprotección, prevención y actuación ante emergencias. También propone crear un Fondo Valenciano de Resiliencia y elaborar una Estrategia Valenciana de Cultura Preventiva y Resiliencia.
El Consell se opone igualmente a la tramitación de esta propuesta del PSPV-PSOE. La considera ‘innecesaria desde el punto de vista normativo, redundante desde el punto de vista material y poco eficiente desde la perspectiva presupuestaria’. Alega que las medidas planteadas ya están recogidas en el marco jurídico vigente y que la Generalitat desarrolla actuaciones en esa línea.
Además de las iniciativas legislativas, el pleno abordará una única proposición no de ley, presentada por Vox. Esta propuesta se centra en el refuerzo de la defensa y seguridad de Ceuta y Melilla. El texto plantea veinte medidas dirigidas al Gobierno de España para ‘garantizar la soberanía de España, su integridad territorial y la protección eficaz de sus fronteras’ y rendir homenaje a las Fuerzas Armadas.
La sesión plenaria del jueves comenzará con las preguntas de control de los síndics al president de la Generalitat. Posteriormente, se desarrollará el control a los consellers, con interpelaciones sobre financiación autonómica y delitos de odio. También se formularán diversas preguntas, entre ellas una de Vox sobre el impulso del retorno voluntario de los inmigrantes.
