PP y Vox han rechazado este miércoles en Les Corts Valencianes todas las propuestas de la oposición en el debate sobre el estado de la Comunitat, mientras han evidenciado sus diferencias internas en materia de inmigración y de financiación autonómica al no apoyarse mutuamente sus iniciativas clave.
Entre las propuestas que sí han salido adelante, el Consell pedirá al Gobierno central la derogación de la ley de Vivienda. Además, reclamará cambios normativos para aumentar la seguridad jurídica de los propietarios y así incentivar el alquiler.
También se ha aprobado instar a la revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Junto a ello, se ha acordado reclamar actuaciones de limpieza de barrancos, planes de presas y sistemas de alerta temprana frente a episodios de lluvias intensas.
En cambio, la propuesta del PP sobre financiación autonómica no ha contado con el apoyo de Vox. El texto planteaba retirar la propuesta actual del Gobierno y abrir una negociación multilateral con todas las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia de Presidentes.
Esa iniciativa incluía además la creación de un fondo transitorio de nivelación y un Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario. Vox ha votado en contra y ha marcado así distancia con su socio de gobierno en este punto clave para la Comunitat Valenciana.
En sentido inverso, tampoco ha prosperado una propuesta de Vox sobre inmigración, que el PP ha decidido no respaldar. Esa iniciativa pedía que el Consell manifestara la gravedad de las consecuencias de la inmigración masiva sobre los servicios públicos.
El texto de Vox hablaba de saturación e incluso colapso de servicios públicos. Además, reclamaba estudiar la viabilidad de un tercer hospital en Alicante y pedir al Gobierno más plazas de Policía Nacional y Guardia Civil.
El síndic del PP, Fernando Pastor, ha justificado el rechazo a esa propuesta de Vox por una cuestión formal. Según ha explicado, el texto era, en sus palabras, ‘un ómnibus’ porque incluía ‘distintas temáticas poco conexas’.
Pastor ha añadido que esta votación confirma que PP y Vox son ‘partidos diferentes’ y que tener discrepancias es ‘lo normal’. De esta manera ha tratado de rebajar la tensión política por la falta de apoyo mutuo.
Oposición sin apoyo del bloque de gobierno
Entre las propuestas de la oposición rechazadas por PP y Vox figura la exigencia al expresident de la Generalitat Carlos Mazón para que renuncie a su escaño por su gestión de la dana de 2024. El objetivo era que dejara de estar aforado.
La oposición también había planteado investigar un dosier sobre ‘presuntas irregularidades’ de altos cargos. Además, proponía negociar de forma inmediata la reforma del sistema de financiación autonómica.
Otra de las iniciativas rechazadas pedía que las viviendas de Les Naus adjudicadas, según la oposición, de forma fraudulenta, revirtieran al parque público. Ninguna de estas propuestas ha prosperado por el bloqueo del bloque de derechas.
Acuerdos y choques en inmigración
En materia de inmigración se ha rechazado la enmienda de Vox que pretendía vincular el acceso general al sistema sanitario a la residencia legal en España. Sin embargo, se han aprobado otros puntos relacionados con esta cuestión.
Han salido adelante las propuestas que piden ‘la asignación prioritaria de los recursos‘ a las personas que mantengan ‘un arraigo real, duradero y verificable en España’. Esa matización ha permitido un punto de encuentro entre PP y Vox.
En el ámbito de la vivienda pública, el PP ha aceptado incorporar que se valore ‘la existencia de familiares de primer grado ascendientes’ residiendo en España en la adjudicación. También se ha aprobado realizar un estudio sobre ‘las nuevas realidades delincuenciales’ derivadas de ‘la inmigración masiva’.
Asimismo, se ha acordado no subvencionar asociaciones u ONG que ‘promuevan la inmigración ilegal y el tráfico de personas’. Estos puntos reflejan un endurecimiento de criterios en materia migratoria, aunque sin llegar a las posiciones más duras planteadas por Vox.
Vivienda, eje central del debate
La vivienda ha sido uno de los ejes centrales del debate parlamentario. Pastor ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ‘descomposición’ por la gestión de sus últimos decretos en esta materia.
El síndic popular ha sostenido que las propias ministras fueron ‘incapaces de explicar con claridad’ el contenido de esos decretos. A su juicio, esta situación ha sido ‘una auténtica vergüenza’ y un ‘esperpento’.
Desde la oposición, el síndic socialista, José Muñoz, ha instado al PP a ‘escuchar a la calle’ y cambiar su postura sobre la vivienda. Ha afirmado que los populares consideran la vivienda ‘un negocio y no un derecho’.
Muñoz ha asegurado que la receta del PP es ‘que se incrementen los precios y se expulse a la gente de sus barrios’. Por ello ha reclamado que reconsideren su voto en el Congreso y apoyen los decretos del Gobierno central.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado que PP y Vox pidan suprimir la ley de Vivienda. A su juicio, es ‘una cortina de humo para esconder su inoperancia y falta de proyecto para resolver el principal problema de los ciudadanos’.
Baldoví ha exigido que el precio de la vivienda pública no aumente y que se apoyen los decretos del Gobierno. Para Compromís, estos instrumentos son esenciales para contener los precios y facilitar el acceso.
Por parte de Vox, su síndic José María Llanos ha subrayado que la vivienda es ‘un tema clave’. Ha defendido la eliminación total de los impuestos para la primera vivienda.
Llanos ha apostado por la liberalización de suelo para construir vivienda libre y vivienda pública. También ha reclamado la ‘reducción absoluta de las trabas burocráticas’ que dificultan el acceso a una vivienda.
Debate sobre el aforamiento de Mazón
El PSPV-PSOE y Compromís han pedido a Mazón que deje la política institucional y entregue su escaño. Consideran que así dejaría de ser aforado y podría esclarecerse mejor su papel en la dana.
El PP ha rechazado esta exigencia y ha argumentado que ‘carece de sentido’. Se ha apoyado en que el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha eximido a Mazón de responsabilidad en la dana de 2024.
‘No puede haber excusas, silencios y zonas de sombra cuando hablamos de vidas humanas, de 233 víctimas mortales’, ha señalado la socialista Alicia Andújar. Ha pedido a los diputados del PP votar ‘en conciencia’.
Isaura Navarro, de Compromís, ha defendido que reclamar la renuncia de Mazón es una cuestión ‘de humanidad y de ética’. A su juicio, el expresident debe asumir responsabilidades políticas aunque no tenga reproche penal.
La diputada del PP Laura Chulià ha destacado que el TSJCV ha resuelto por unanimidad ‘la ausencia de cualquier responsabilidad del expresident’. Ha instado al PSPV-PSOE a exigir responsabilidades al Gobierno central.
Chulià ha acusado además a Compromís de ‘saltarse a la torera’ el respeto institucional. Como ejemplo, ha recordado que el TSJCV imputó también por unanimidad a la exvicepresidenta Mónica Oltra.
Financiación autonómica en el centro del pulso
En el tramo final del debate se ha reavivado la discusión sobre la financiación autonómica. Pastor se ha preguntado cómo pueden confiar en quienes prometen un modelo que, según afirman, beneficia a los valencianos.
El síndic del PP ha criticado que ese mismo Gobierno sea ‘incapaz de cumplir siquiera la Constitución’ y de presentar unos Presupuestos Generales del Estado. En su opinión, esa falta de cuentas cuestiona cualquier promesa de reforma.
El síndic de Vox ha reiterado que su grupo solo apoya las medidas que considera positivas. Ha insistido en que el sistema actual de financiación ‘discrimina’ y ‘está fallido’.
A juicio de Vox, es necesario ‘hacer uno nuevo que no sea solo igual, sino igualitario y equitativo’. Pese a coincidir en la crítica al modelo vigente, las formaciones que gobiernan la Comunitat Valenciana han mostrado de nuevo sus diferencias sobre cómo impulsar el cambio.
