Aragón, la Comunitat Valenciana, Castilla y León y Cantabria han firmado en Teruel un frente común para exigir que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo se ejecute con doble vía y ancho internacional, y han rechazado que la vía única pueda consolidarse como solución definitiva para esta conexión ferroviaria.
Los representantes de las cuatro comunidades han participado en la jornada ‘El corredor que une dos mares’, celebrada en Teruel. Tras ese encuentro han suscrito la denominada Declaración de Teruel, en la que reclaman un impulso considerado adecuado para este corredor, integrado en la red transeuropea de transporte.
Este eje ferroviario está concebido para conectar, a través de Teruel y Zaragoza, los puertos del Mediterráneo y del Cantábrico. Las cuatro autonomías defienden que esta posición estratégica exige una infraestructura moderna, competitiva y con capacidad suficiente para responder a la demanda prevista en las próximas décadas.
La Declaración de Teruel ha sido firmada por el presidente de Aragón, Jorge Azcón; el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media.
Rechazo a la vía única y llamamiento a Europa
El documento expresa el ‘rechazo unánime’ de los firmantes a cualquier planificación de infraestructuras estratégicas que pretenda ‘perpetuar o consolidar la vía única como solución definitiva’. Consideran que esta opción limitaría la capacidad de crecimiento del corredor y su potencial económico, logístico y social.
Las cuatro comunidades sostienen además que mantener la vía única supondría un incumplimiento del Reglamento europeo 2024/1679 sobre el desarrollo de la red transeuropea de transporte. Por ello vinculan su petición a los compromisos que ya ha asumido España en el marco de la Unión Europea.
Frente a ese escenario, reclaman que el futuro del eje ferroviario se planifique como una infraestructura de mercancías y viajeros ‘de alto rendimiento, fluida y plenamente interoperable’, con doble vía y ancho internacional. Subrayan que debe integrarse en los corredores europeos de transporte y ejecutarse ‘de manera urgente’.
Los firmantes consideran insuficiente limitar el futuro del corredor a las actuaciones de modernización, electrificación y mejora de la seguridad y de la capacidad realizadas en los últimos años. A su juicio, estas intervenciones no bastan para garantizar un tráfico competitivo de mercancías y pasajeros.
Equilibrio territorial e inversiones prioritarias
Las cuatro autonomías apelan también al principio de equilibrio territorial y a la igualdad de oportunidades. Reclaman inversiones que eviten que los territorios atravesados por esta infraestructura queden relegados por decisiones que califican de coyunturales.
Los gobiernos autonómicos se comprometen a ‘seguir trabajando desde la unidad, el diálogo institucional y la lealtad entre administraciones’ para que el corredor se convierta en una prioridad de la agenda política. Su objetivo es que se ejecuten las inversiones necesarias para transformarlo en un eje competitivo y sostenible para el desarrollo industrial, logístico, portuario, turístico y agroalimentario.
La Declaración de Teruel sostiene que las cuatro comunidades ‘se niegan a conformarse con soluciones de mínimos‘. Reivindican así una solución estructural y a largo plazo frente a planteamientos que consideran meramente provisionales.
El respaldo conjunto alcanzado, concluyen, constituye además un compromiso que ‘obliga moral y políticamente’ a la Administración General del Estado. Subrayan que esta obligación se mantiene ‘con independencia de su adscripción política‘ y que debe orientarse a defender un corredor con capacidad suficiente para las próximas décadas.
