El Gobierno ha abierto la puerta a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2026 por varios artículos, entre ellos los que redefinen las funciones de la inspección educativa para vigilar la neutralidad ideológica y combatir el supuesto adoctrinamiento en las aulas.
Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras una reunión en València con sindicatos docentes, directores de centros y asociaciones de inspectores. Según ha indicado, estos colectivos han pedido ‘amparo al Gobierno frente a las políticas restrictivas y de indefensión de la Generalitat’.
Bernabé ha afirmado que los cambios legales aprobados por el Consell afectan al trabajo diario del profesorado y a la educación del alumnado. También ha advertido de que, a su juicio, inciden en valores constitucionales como la igualdad, el respeto, la convivencia o la libertad, y están generando incluso ‘una autocensura’ entre los docentes.
La delegada ha vinculado esa autocensura a la redacción de la norma sobre adoctrinamiento. Ha asegurado que el Consell se ha ‘preocupado mucho’ por introducir ‘cierta ambigüedad en la ley’ sobre qué se considera ‘un adoctrinamiento ideológico’, lo que situaría a la inspección educativa en un escenario de ‘mucha inseguridad jurídica‘.
Ha recordado que la Generalitat ya ha impulsado un cambio normativo similar en la ley de Acompañamiento de 2025. Aquella modificación, ha señalado, ‘cercenaba la libertad educativa de los profesores‘ en materias de coeducación y políticas LGTBi y ha quedado suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional.
Según Bernabé, la ley de Acompañamiento de 2026 mantiene la misma orientación. Ha apuntado que ahora se ha aprobado ‘una aprobación más genérica para sortear la norma y al Tribunal Constitucional, pero que busca lo mismo: sembrar el miedo entre los profesores y profesoras, que tienen como derecho fundamental de su profesión la libertad de cátedra‘.
La representante del Gobierno ha detallado que el Ejecutivo central está analizando varios preceptos de la nueva ley autonómica. Considera que pueden colisionar con leyes orgánicas estatales de rango superior. Por ello prevé convocar una comisión bilateral con la Generalitat, aunque no descarta recurrir directamente al Tribunal Constitucional algunos de esos artículos.
Reacción de los sindicatos docentes
Desde STEPV, el coordinador de Acción Sindical, Marc Candela, ha valorado que la Delegación del Gobierno y la Alta Inspección Educativa hayan empezado a actuar. A su juicio, estas medidas buscan defender al profesorado ‘ante los ataques por parte de la Generalitat, que ponen al profesorado bajo sospecha y crea una policía’ bajo ‘la falsa premisa de que nos dedicamos a adoctirnar’.
Candela ha avanzado que el sindicato está preparando nuevas movilizaciones en la calle, que anunciará próximamente. Ha añadido que seguirán presionando para lograr mejoras en los asuntos que quedaron pendientes tras la huelga educativa y para que se retire el artículo de la ley de Acompañamiento que modifica la inspección.
Desde UGT, Kilian Cuerda ha calificado la reunión de ‘muy constructiva’, porque han percibido una posición ‘muy solvente y seria’ de la Delegación del Gobierno. En cambio, ha acusado a la Generalitat de actuar ‘de una forma infame, propia de regímenes autoritarios y fascistoides’.
‘Pretende deliberadamente que el profesorado se autocensure y ponernos una diana encima para que cualquier intolerante pueda acosar al profesorado’, ha denunciado. También ha advertido de que no permitirán que los docentes ‘den clase con miedo‘.
Por parte de CCOO, Cristina Sánchez ha valorado positivamente el encuentro y ha insistido en el papel sindical. Ha asegurado que su organización va a defender los derechos laborales de los docentes y trabajará para que la nueva normativa no limite la autonomía de los centros ni la libertad de cátedra, y para que no deteriore la calidad de la educación en la Comunitat Valenciana.
