Más de 21.200 trabajadores de la Administración de la Generalitat están más cerca de contar con una jornada laboral de 35 horas semanales. La Mesa Sectorial ha respaldado este lunes por unanimidad el acuerdo alcanzado entre la Administración autonómica y las organizaciones sindicales para reforzar jurídicamente esta medida.
La principal novedad pasa por revisar el Decreto 42/2019 sobre las condiciones laborales del personal público. La nueva redacción eliminará las referencias que supeditaban las 35 horas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto.
El acuerdo contempla una jornada general de 35 horas semanales. Para los puestos sujetos a especial dedicación, el horario previsto será de 37 horas y 30 minutos.
La Generalitat vincula esta modificación a la mejora de las condiciones laborales de su plantilla. Asimismo, considera que puede favorecer la conciliación entre la vida personal y profesional y contribuir a la modernización de la Administración.
El Consell deberá ratificar el acuerdo
La aprobación en la Mesa Sectorial no supone todavía la entrada en vigor inmediata de las nuevas jornadas. El acuerdo debe pasar por el pleno del Consell antes de publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
UGT Serveis Públics PV ha respaldado la propuesta y el consenso logrado entre las partes. Sin embargo, ha insistido en que la reducción de jornada no será efectiva hasta que el Consell complete su tramitación.
La organización sindical pide que se respete el calendario expuesto por el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira. UGT sitúa el inicio de las 35 horas en el 1 de enero de 2027.
En el turno de ruegos y preguntas, la Dirección General de Función Pública trasladó además que las previsiones presupuestarias ya están realizadas, según la información difundida por el sindicato.
UGT cifra en algo más de 3 millones de euros la partida que la Generalitat prevé dedicar a nuevos puestos dentro de la Administración autonómica. Esta dotación permitiría cubrir las necesidades organizativas derivadas de la reducción del tiempo de trabajo.
El acuerdo supone, por tanto, un paso previo para hacer efectiva una jornada que ya figura en la normativa autonómica, pero cuya aplicación estaba condicionada hasta ahora por diferentes requisitos económicos.
