CSIF ha comenzado a remitir a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana un protocolo para prevenir conductas suicidas en la Policía Local, con la intención de que los consistorios asuman compromisos concretos para proteger la salud mental e integridad de sus agentes.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha avanzado que también registrará esta propuesta ante la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). En el escrito que acompaña al documento, el sindicato subraya que la salud mental constituye una parte inseparable de la seguridad y salud laboral y que, por tanto, debe integrarse plenamente en la prevención de riesgos en las plantillas municipales.
Riesgos específicos en la labor policial
En su comunicación, CSIF destaca que el trabajo diario de las policías locales presenta características que justifican una actuación preventiva específica. Recuerda que estos cuerpos asumen tareas con elevada carga emocional y exposición continua a situaciones de tensión.
El sindicato menciona factores como el trabajo a turnos y en horario nocturno, las intervenciones ante episodios violentos, las amenazas, los accidentes graves o el contacto permanente con el sufrimiento ajeno. A ello suma los conflictos en la vía pública y la presión asistencial, elementos que, combinados, pueden incrementar el riesgo de problemas de salud mental y de conductas suicidas.
Para hacer frente a esta realidad, CSIF acompaña su propuesta de un protocolo detallado. El documento incluye medidas de prevención de la salud mental y de la aparición del riesgo suicida, así como sistemas de detección precoz de cualquier indicio de alarma entre los miembros de la plantilla.
El texto plantea además garantizar una actuación rápida y coordinada ante cualquier caso detectado. Según explica el sindicato, se trata de asegurar la protección de la salud, la integridad y la propia vida del trabajador afectado, además del control y seguimiento posterior de cada situación.
Integración en la gestión municipal
El protocolo que CSIF está difundiendo entre los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana recoge también la necesidad de fijar pautas claras de intervención para todos los actores implicados. El sindicato apunta que estas pautas deben integrarse en el sistema de gestión del propio ayuntamiento.
Entre los aspectos que propone incorporar figuran la conexión del protocolo con las evaluaciones de riesgos psicosociales ya vigentes y su inclusión en la formación municipal dirigida a mandos y personal de la Policía Local. De esta manera, se pretende que la prevención no quede en un documento aislado, sino que forme parte de la planificación habitual en materia de seguridad y salud laboral.
CSIF subraya asimismo la importancia de garantizar la protección de la dignidad y la confidencialidad del trabajador en todo el proceso. El sindicato insiste en que cualquier actuación debe respetar de forma estricta la intimidad de la persona afectada y evitar estigmatizaciones dentro del cuerpo policial.
En su escrito, la organización sindical propone que el protocolo se incluya y se debata en la próxima reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral de cada ayuntamiento. Este órgano, en el que participan representantes de la Administración y de la parte social, es el encargado de analizar y acordar las medidas preventivas en el ámbito municipal.
Como siguiente paso, CSIF plantea la creación de un grupo de trabajo específico. En este equipo participarían representantes de la Administración, del Servicio de Prevención, mandos de la Policía Local, representantes sindicales y otros profesionales con competencia en salud laboral y salud mental. Su función sería adaptar el documento marco a la realidad de cada municipio y aprobar un protocolo concreto y operativo.
La central sindical considera fundamental que las actuaciones que finalmente se adopten no se queden en una mera declaración de intenciones. Por ello reclama que se integren en la planificación preventiva de cada consistorio, dispongan de recursos suficientes para su aplicación real y cuenten con un sistema de seguimiento periódico que permita evaluar su impacto en la protección de la salud mental de las plantillas policiales.
