La Generalitat ha iniciado este lunes las obras del Plan Integral de Reforestación y Recuperación Ambiental de las zonas afectadas por el incendio forestal de la Vall d’Uixó. Se ha destinado una inversión inicial de 2,7 millones de euros y un plazo previsto de ejecución de ocho meses.
El fuego, declarado el pasado 25 de julio, afectó a doce municipios de la provincia de Castellón y quemó 9.568 hectáreas, de las que 8.509 corresponden a terreno forestal. Las primeras actuaciones buscan recuperar la seguridad de las zonas dañadas, consolidar los suelos, proteger los recursos hídricos y sentar las bases para la regeneración de la vegetación.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado el plan en Artana junto al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y alcaldes de los municipios damnificados.
Pérez Llorca ha señalado que la prioridad es «restaurar la funcionalidad del territorio, recuperar la seguridad y sentar las bases de una mayor resiliencia frente a futuros incendios».
El jefe del Consell ha explicado además que «se trata de un plan abierto que se irá completando con las aportaciones de todos los ayuntamientos afectados que son la administración más próxima a los vecinos y los que mejor conocen el terreno».
Nueva Ley Forestal de la Comunitat Valenciana
Durante el encuentro, Pérez Llorca también ha anunciado que el Consell presentará en las próximas semanas para su tramitación y debate en Les Corts una nueva Ley Forestal de la Comunitat Valenciana.
La futura norma incorporará un sistema de pago por servicios ambientales destinado a compensar económicamente a los propietarios forestales que contribuyan a la conservación del entorno, la prevención de incendios y la protección de los ecosistemas.
La Generalitat pretende así establecer incentivos para propietarios y gestores forestales y agilizar las relaciones entre administraciones, usuarios, empresas y municipios.
El president ha puesto como ejemplo el incendio de la Vall d’Uixó. De las más de 9.500 hectáreas quemadas, algo más de 300 corresponden a terrenos forestales propiedad de la Generalitat. Según ha indicado, esto evidencia el importante papel que desempeñan los propietarios privados en el cuidado y mantenimiento del monte. Además, muestra su rol en la posterior recuperación.
Dos fases para recuperar el terreno quemado
La primera fase de las obras de emergencia se centrará en retirar árboles y sedimentos próximos a poblaciones y carreteras. También garantizará accesos seguros al área quemada y preparará el terreno para las posteriores actuaciones ambientales.
Los trabajos incluyen la apertura de tres nuevos viales forestales con una longitud total de 2,835 kilómetros. Además, se realizará la apertura y ensanche de otro vial de 0,887 kilómetros.
También se ampliará la plataforma de cinco pistas forestales existentes a lo largo de 12,886 kilómetros. Asimismo, se restaurará y mejorará el firme de 81,01 kilómetros de caminos y pistas.
A estas actuaciones se suma la eliminación de árboles caídos o con riesgo de caída en 44,05 kilómetros de la red viaria.
Según ha explicado Pérez Llorca, estos trabajos permitirán mejorar la accesibilidad a las zonas forestales afectadas. Además, facilitarán tanto la restauración ambiental como las futuras labores de prevención y gestión del monte.
Las obras también buscan reducir los riesgos derivados de episodios de lluvias intensas después del incendio. Especialmente, buscan evitar posibles procesos de erosión y arrastre de materiales.
La Generalitat trabaja de forma paralela en una segunda fase orientada al control de la erosión, la regulación hidrológica y la recuperación de la vegetación. Entre los objetivos figura favorecer la regeneración natural de las masas forestales mediante especies más resilientes y potenciar variedades autóctonas como el alcornoque.
Pérez Llorca ha reivindicado además la necesidad de «seguir en esta fase de reconstrucción con la coordinación entre administraciones que se ha demostrado durante la emergencia» y ha agradecido «la labor de todos los efectivos que han trabajado en la extinción del que ha sido el incendio más complicado que ha tenido la Comunitat Valenciana en los últimos años, evitando un mal mayor en más de 30.000 hectáreas de masa forestal».
Onda reclama actuaciones contra la erosión y los arrastres
Entre los municipios afectados se encuentra Onda, donde el fuego arrasó alrededor de 818 hectáreas. Esto ocurrió especialmente en el entorno del Montí, Artesa y diferentes áreas rurales y forestales.
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha participado en la reunión de coordinación para trasladar las necesidades del municipio. Además, ha reclamado una recuperación integral de los espacios afectados, tanto naturales como agrícolas.
El Ayuntamiento considera prioritario actuar en aquellos puntos donde la desaparición de la vegetación pueda provocar problemas de erosión, arrastres o daños ante futuros episodios de lluvias intensas.
El consistorio también ha trasladado la necesidad de recuperar caminos y zonas forestales fundamentales para facilitar la conservación y gestión futura del territorio.
«Después de unas semanas muy duras, ahora comienza una segunda fase igual de importante: recuperar nuestro patrimonio natural, ayudar a quienes han sufrido daños y trabajar para que nuestro territorio sea más resiliente ante futuros incendios», ha señalado Ballester.
La alcaldesa ha añadido que «Onda va a defender todas las actuaciones necesarias para recuperar las zonas afectadas y proteger a nuestros vecinos».
Más de 90 solicitudes de afectados en Onda
El incendio alcanzó diferentes zonas del término municipal de Onda y obligó durante la emergencia al desalojo preventivo de la pedanía de Artesa y de distintas viviendas diseminadas. Además, provocó restricciones y confinamientos en los momentos de mayor riesgo.
De forma paralela a los trabajos de recuperación ambiental, el Ayuntamiento mantiene activa la oficina municipal creada específicamente para atender a las personas y actividades económicas damnificadas.
Desde su puesta en funcionamiento, los técnicos municipales han atendido más de 90 solicitudes de particulares, empresas, autónomos y titulares de explotaciones agrícolas.
El servicio centraliza la información disponible, estudia de forma individual cada situación y ayuda a gestionar las distintas líneas de ayudas habilitadas por las administraciones. También atiende a empresarios y autónomos cuya actividad se vio perjudicada por las restricciones aplicadas durante la emergencia.
«Desde el primer día dijimos que los vecinos no iban a estar solos y ese compromiso continúa intacto», ha asegurado Ballester, quien ha añadido: «Estuvimos a su lado durante la emergencia, estamos ayudándoles ahora a tramitar las ayudas y vamos a seguir defendiendo ante todas las administraciones los recursos necesarios para recuperar Onda».
La Diputación refuerza la vigilancia del campo
Por su parte, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado la inversión de 800.000 euros realizada por la institución provincial durante la presente legislatura para reforzar la seguridad en el campo mediante el servicio de guardas rurales.
“La agricultura es tradición, identidad y un pilar fundamental para nuestra provincia, por ello trabajamos por preservar nuestro sector primario, proteger nuestro campo y asegurar la viabilidad de las producciones”, ha señalado Barrachina, quien ha incidido en la apuesta de la Diputación “por reforzar la seguridad de las explotaciones agrícolas y asegurar el futuro de nuestros campos”.
La institución provincial ha destinado desde el inicio de la legislatura estos 800.000 euros a financiar servicios de vigilancia y control en los municipios de menor población con el objetivo de prevenir robos y actos vandálicos en explotaciones agrícolas.
El servicio de guardas rurales fue implantado por la Diputación de Castellón en 2024 y actualmente las ayudas alcanzan a 15 municipios de menos de 5.000 habitantes.
Barrachina ha defendido que “es fundamental reforzar la seguridad y potenciar la agricultura, sobre todo en los municipios que sufren despoblación”, y ha señalado que las administraciones deben apoyar a los agricultores mediante políticas que contribuyan a generar oportunidades dentro del sector primario.
La presidenta provincial ha definido a los guardas rurales como “una pieza clave que refuerza y respalda el trabajo de quienes diariamente cuidan y trabajan nuestra tierra”. “Castellón es una tierra de sectores productivos fuertes y debemos proteger a los agricultores que viven y se desviven por garantizar el mejor producto de nuestra tierra”, ha añadido.
Además de mejorar la protección de las explotaciones, la Diputación sostiene que esta línea de ayudas contribuye a fomentar el empleo, impulsar el desarrollo rural y fijar población en los municipios del interior.
“Cada euro invertido en el medio rural es una inversión en futuro, en empleo y en mantenimiento de la vida de nuestros pueblos”, ha afirmado Barrachina.
La presidenta de la Diputación también ha recordado que en la anterior convocatoria la institución incrementó un 50% el presupuesto destinado a este programa, hasta alcanzar los 300.000 euros, y amplió las bases para permitir la participación de municipios de hasta 5.000 habitantes.
“Trabajamos cada día para dar a nuestros municipios el apoyo que merecen, pero también a nuestros agricultores”, ha señalado Barrachina, quien ha asegurado que la Diputación continuará desarrollando medidas dirigidas a proteger la agricultura y generar oportunidades en el medio rural.
