La provincia de Castellón incorporará 451 cámaras de control de tráfico en los accesos de 115 municipios de menos de 5.000 habitantes dentro del plan ‘Una provincia protegida’, impulsado por la Diputación de Castellón. La iniciativa cuenta con una inversión de 4,4 millones de euros y busca reforzar la supervisión automática de las entradas y salidas de los núcleos urbanos.
Todos los municipios candidatos han aceptado participar en el programa durante el plazo habilitado por la institución provincial. El proyecto prevé actuar en 181 núcleos urbanos y comenzará su fase de licitación y adjudicación durante 2026, con el objetivo de iniciar la instalación de las cámaras en 2027.
La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado que «la adhesión de todos los municipios candidatos demuestra que este plan ha nacido de la escucha activa, del contacto permanente con los alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia, y del compromiso firme de esta Diputación de continuar ofreciendo soluciones reales a los problemas reales».
451 ubicaciones en 181 núcleos urbanos
La Diputación ha desarrollado el plan a través del área de Ingeniería Interna, dirigida por el diputado José María Andrés. Para ello, la institución ha realizado un estudio previo junto a una empresa especializada, con visitas a los municipios para analizar los accesos clave y las necesidades concretas de cada localidad.
Ese trabajo ha permitido redactar una evaluación previa para cada una de las 451 ubicaciones previstas. Los informes documentan la viabilidad física y de red de los puntos donde se instalarán los dispositivos.
Según ha explicado Barrachina, el objetivo es «dotar a los pueblos pequeños de las mismas oportunidades y herramientas que tienen las grandes ciudades en materia de seguridad, prevención y gestión inteligente del territorio». La presidenta provincial ha señalado también que la tecnología será respetuosa con la privacidad y se ajustará a la normativa vigente.
La Diputación asumirá la redacción de los proyectos técnicos a través del Servicio de Ingeniería. Además, financiará, contratará y ejecutará la totalidad de las instalaciones. También facilitará la evaluación de impacto en protección de datos y gestionará de forma integrada la plataforma SmartVillages.
Los ayuntamientos deberán facilitar espacios y suministro eléctrico
Los consistorios participantes deberán aportar los espacios necesarios y los puntos de suministro eléctrico para instalar las cámaras. También asumirán la titularidad y custodia de los sistemas una vez estén en funcionamiento.
Además, cada ayuntamiento tendrá que designar un coordinador municipal para el seguimiento del proyecto. Los municipios también deberán validar los proyectos técnicos y las condiciones establecidas para la ejecución del plan.
La Diputación ofrecerá, asimismo, la posibilidad de contar con un servicio de mantenimiento integral garantizado durante cinco años. Con ello, la institución provincial busca asegurar la continuidad técnica del sistema después de su instalación.
El calendario previsto sitúa la tramitación de la licitación y adjudicación durante el presente ejercicio. Si se cumplen los plazos, la instalación de las cámaras comenzará en 2027 en los municipios adheridos.
