La Comunitat Valenciana ha registrado en 2025 un total de 6.976 solicitudes de asilo, un 12,6 % menos que en 2024, aunque la provincia de Castellón ha experimentado un fuerte aumento frente al descenso de Valencia y Alicante, según el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) sobre la situación de las personas refugiadas en España y Europa.
El documento detalla que las peticiones de protección internacional en la Comunitat han pasado de 7.981 en 2024 a 6.976 en 2025. Esta caída autonómica se sitúa en línea con la tendencia a la baja observada en el conjunto de España, donde las solicitudes han descendido un 13,7 % y se ha frenado así el crecimiento continuado de los últimos años, según ha explicado Jaume Durà, responsable del área jurídica de CEAR Valencia.
Castellón concentra parte del cambio de tendencia dentro de la Comunitat.
En esta provincia las solicitudes han aumentado hasta las 1.373 en 2025, frente a las 995 de 2024. El incremento roza el 38 % y contrasta con lo que ha ocurrido en Valencia y Alicante, donde la demanda de asilo se ha reducido de forma notable.
En la provincia de Valencia se han presentado 3.540 solicitudes de asilo en 2025, lejos de las 4.476 registradas el año anterior. Esto supone una reducción de alrededor del 20 %, que sitúa a la provincia en una dinámica claramente descendente.
En Alicante también se han contabilizado menos peticiones. En 2025 se han tramitado 2.062 solicitudes, frente a las 2.510 de 2024, lo que representa un descenso cercano al 17 %. De este modo, solo Castellón ha roto la tendencia general a la baja dentro de la Comunitat Valenciana.
CEAR vincula el descenso global de solicitudes a varias medidas recientes. Entre ellas cita la reducción de llegadas como consecuencia de acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios, así como el efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería (RELOEX). Este reglamento no permite computar el tiempo de espera durante la resolución del asilo para los distintos tipos de arraigo, lo que, según la organización, desanima a muchas personas a iniciar el procedimiento.
Contexto europeo y políticas de fronteras
En el informe, CEAR advierte del incremento de políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos. A su juicio, estas decisiones han provocado el primer descenso en una década del número de personas desplazadas a nivel global, que ha pasado a 117,5 millones, un 5 % menos que el año anterior.
La entidad insiste en que el descenso de personas desplazadas no implica una reducción de las necesidades de protección internacional. Al contrario, sostiene que se han intensificado los conflictos, la violencia, la inestabilidad política, la crisis climática y las vulneraciones de derechos en todo el mundo, lo que mantiene la demanda de refugio y asilo.
Entre las políticas señaladas, CEAR destaca el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que ha entrado en vigor el 12 de junio. La organización considera que este marco plantea ‘importantes desafíos’ para los derechos de las personas migrantes y refugiadas, especialmente por el modo en que regula los controles fronterizos y los procedimientos acelerados.
Uno de los puntos que más preocupa a la entidad es la lista común de países considerados seguros. Dentro de esa relación se incluyen Estados como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez. Según el informe, estos países presentan graves déficits en materia de derechos humanos, lo que puede comprometer la seguridad de las personas devueltas.
Además, CEAR alerta sobre el futuro Reglamento de Retorno. Avisa de que este texto supone ‘graves riesgos para los derechos humanos al prever la detención prolongada o expulsiones a centros de deportación de terceros países, sin que sea necesario vínculo previo entre la persona y el país’. La organización señala que esta lógica sigue el modelo Italia-Albania, actualmente paralizado por la Justicia italiana y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Nacionalidades y reconocimiento de asilo
En cuanto al perfil de quienes solicitan protección, el informe indica que Venezuela se mantiene como la primera nacionalidad en número de peticiones en España. Sin embargo, las solicitudes de personas procedentes de Colombia, Perú o Senegal también han disminuido como consecuencia del efecto disuasorio del RELOEX.
CEAR precisa que el proceso de regularización en marcha ha minimizado parcialmente este descenso, aunque lo ha hecho solo de forma temporal. La organización insiste en que, mientras se mantengan los actuales criterios de arraigo, muchas personas optarán por no formalizar su demanda de asilo o la retrasarán.
El informe también subraya que la tasa de reconocimiento de asilo en España ha bajado más de siete puntos en el último año. En 2025 se ha situado en el 11 %, lo que coloca al país en el antepenúltimo lugar de la Unión Europea en cuanto a resoluciones favorables. Solo Croacia y Chipre presentan un porcentaje menor de concesiones, según los datos recopilados por CEAR.
Impacto en las rutas migratorias
Las políticas de externalización de fronteras han tenido efectos directos en las rutas migratorias hacia España. El informe recoge una reducción considerable de las llegadas a las costas canarias, que han caído un 62 % respecto al año anterior.
En cambio, las llegadas a Baleares han aumentado un 24,5 %, lo que ha consolidado una nueva ruta marítima que parte desde Somalia. Esta diversificación de los recorridos refleja los cambios constantes en las estrategias de las redes de migración y en las respuestas institucionales.
CEAR llama la atención sobre la especial vulnerabilidad de las personas menores que llegan por mar. Según el informe, el 15 % de las llegadas a las costas españolas corresponde a niñas, niños y adolescentes sin referentes familiares.
En total, 581 menores sin referentes familiares han sido derivados desde Canarias a otras comunidades autónomas en 2025. Estas derivaciones buscan aliviar la presión sobre el sistema de acogida del archipiélago y repartir la atención entre distintos territorios.
Empadronamiento y aumento de los delitos de odio
El informe dedica un apartado a la importancia del empadronamiento para las personas refugiadas y migrantes. Mercedes Ena, coordinadora de CEAR Valencia, recuerda que ‘el padrón es una obligación legal de la ciudadanía y un deber de la administración local’.
Según Ena, ‘sin empadronamiento, en la práctica, se limita el acceso a derechos básicos’. Por ello considera ‘imprescindible que se agilicen y se cumpla la normativa relativa a los empadronamientos especiales para aquellas personas que sufren exclusión y discriminación residencial’.
El documento también alerta sobre la escalada del racismo y la xenofobia en España. Señala que ‘la escalada del racismo y la xenofobia continúan constituyendo barreras estructurales en los procesos de inclusión’.
De acuerdo con los datos citados en el informe, ‘los delitos e incidentes de odio, especialmente aquellos relacionados con racismo y xenofobia, aumentaron un 23,6 % en 2025, la mayor cifra desde que hay registros del Ministerio de Interior’. CEAR concluye que estas tendencias comprometen la integración real de las personas refugiadas y migrantes y reclama políticas públicas que combinen protección, inclusión y lucha contra la discriminación.
