El Pleno del Consell ha ratificado el informe sobre el desarrollo legislativo en materia de costas en la Comunitat Valenciana y el estado de las actuaciones previstas en la Ley 3/2025, de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, después de que el Gobierno de España haya materializado el recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la norma.
Según recoge el informe, la Comunitat Valenciana ha impulsado por primera vez un marco normativo integral para la protección, ordenación y gestión del litoral. El objetivo, según defiende el Consell, es compatibilizar la conservación ambiental, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de los municipios costeros.
La Generalitat sostiene que este modelo responde a las particularidades territoriales, ambientales y socioeconómicas de la costa valenciana. Para ello, la ley prevé instrumentos como el Plan de Ordenación Costera, el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana, la regulación de los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico y la futura Comisión Interdepartamental de Coordinación de Ordenación del Litoral.
Defensa de las competencias autonómicas
El informe también recoge las actuaciones desarrolladas por la Generalitat en defensa de sus competencias en materia litoral. Entre ellas figura la presentación de alegaciones ante el Tribunal Constitucional tras el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España, así como las gestiones realizadas para solicitar el traspaso de funciones y servicios vinculados a la gestión del dominio público marítimo-terrestre.
El Consell considera necesario que la gestión del litoral responda a la realidad específica de la costa valenciana mediante un modelo de gobernanza basado en la proximidad administrativa, la coordinación institucional y la adaptación a las necesidades del territorio.
Peticiones al Gobierno de España
En este contexto, el Consell insta al Gobierno de España a respetar plenamente las competencias asumidas por la Generalitat en materia de ordenación del territorio y litoral y a retirar aquellas iniciativas que, según sostiene, puedan limitar el desarrollo del marco normativo valenciano.
Asimismo, reclama la materialización de un traspaso efectivo de funciones y servicios relacionados con la gestión del dominio público marítimo-terrestre, sin mecanismos que puedan menoscabar la autonomía de gestión de la Comunitat Valenciana.
El informe plantea también la necesidad de impulsar un nuevo modelo de gobernanza litoral basado en la cooperación entre administraciones y en el reconocimiento del papel de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos costeros en la planificación y gestión del litoral.
Además, el Consell pide políticas estatales específicas de financiación e inversión para afrontar la regresión costera, la adaptación al cambio climático y la protección de los núcleos tradicionales del litoral valenciano. Por último, solicita paralizar la reforma del Reglamento General de Costas y abrir un proceso de diálogo y cogobernanza con las comunidades autónomas.
