La Conselleria de Educación y los cinco sindicatos del profesorado de la enseñanza pública han acercado este lunes posiciones en la reducción de la burocracia, de las ratios y en la inversión en infraestructuras educativas para intentar poner fin a la huelga indefinida iniciada el 11 de mayo en la Comunitat Valenciana, aunque la jornada de negociación ha concluido sin firma de acuerdos y con el conflicto todavía abierto.
La reunión, la undécima mesa negociadora desde el inicio del paro, se ha celebrado en la sede de la Conselleria y ha coincidido con el arranque de la quinta semana de la huelga. La sesión de la mañana ha superado las tres horas y media de duración y se ha decidido hacer un receso para retomarla a las 15:15 horas, en un encuentro que por segunda vez se ha retransmitido en directo a través del canal de Youtube de la Generalitat, lo que permite seguir el proceso negociador en tiempo real.
Al inicio de la reunión, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha reclamado a las organizaciones sindicales dejar de lado los prejuicios y diferencias para avanzar sobre la propuesta global que la Conselleria puso sobre la mesa el pasado viernes. Ese documento cuantifica medidas educativas por valor de 3.388 millones de euros hasta 2029 y, según ha señalado, puede ampliarse con cuestiones que sean asumibles y estructuralmente posibles.
El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha calificado el texto como un documento amplio, generoso y bastante bien detallado. Ha invitado a los sindicatos a presentar puntualizaciones ahora, al considerar que este es el momento de valorar y mejorar la última propuesta económica y organizativa del departamento.
Consenso parcial: avances y puntos aún bloqueados
Los sindicatos mayoritarios, STEPV, CCOO y UGT, han coincidido en que se han producido avances en tres frentes clave: la reducción de ratios por aula, la disminución de la burocracia que soportan los centros y la reducción del tiempo de sustitución de las bajas del profesorado. Sin embargo, han subrayado que el punto relativo al valenciano sigue bloqueado y que es necesario reabrir el apartado del incremento salarial, donde aseguran que existen varias versiones y piden clarificar los compromisos.
Por su parte, el sindicato CSIF ha planteado incluir una disposición final que deje por escrito que el documento se mantendrá abierto a mejoras futuras que puedan incorporarse más adelante. ANPE ha agradecido que el llamado acuerdo ómnibus no sea cerrado y permita seguir introduciendo propuestas, aunque ha advertido de que aún detectan algunas carencias que desean corregir.
Tras las primeras valoraciones, Educación ha propuesto avanzar punto por punto en aquellos aspectos donde existe mayor consenso, con el objetivo de consolidar preacuerdos. El primer bloque abordado ha sido la simplificación de la burocracia, uno de los asuntos que más carga de trabajo genera al profesorado y a los equipos directivos.
Menos papeleo y más personal administrativo
Carmen Ortí ha defendido que sería muy importante salir de la reunión con un preacuerdo en esta materia, aunque quede pendiente la consulta a las bases sindicales. A su juicio, un compromiso sobre burocracia supondría un avance bastante grande y ayudaría mucho a seguir adelante con el resto de elementos de la negociación.
Ante las nuevas sugerencias de las organizaciones sindicales, que han reclamado por ejemplo la creación de una comisión de seguimiento para evaluar la aplicación de las medidas, la consellera se ha comprometido a vincular la implantación progresiva de personal administrativo en los centros a una memoria económica detallada. Esa memoria deberá concretarse a partir del próximo curso y, para ANPE, representa una línea roja que exige que la dotación de personal y recursos quede claramente definida.
El debate sobre las ratios se ha abordado como el siguiente bloque de la propuesta presentada por Educación, en el marco de la negociación para avanzar hacia acuerdos parciales que permitan desconvocar la huelga indefinida.
El debate sobre las ratios
El siguiente bloque ha sido la propuesta de reducción de ratios. Educación plantea una bajada progresiva en todas las etapas educativas para llegar en cuatro cursos a un máximo de 22 alumnos por aula en Infantil y Primaria, 25 en ESO y 28 en Bachillerato. Con esta rebaja escalonada, la Conselleria quiere disminuir la presión en las aulas y mejorar la atención al alumnado.
Carmen Ortí ha defendido que se trata de una propuesta muy ambiciosa, que incluso supera lo planteado por el Ministerio de Educación. Ha apelado a la responsabilidad de los sindicatos para aceptarla, recordando que en cualquier negociación no se puede conseguir el cien por cien de lo que se pretende. Según ha argumentado, estos topes de alumnado ayudarían a mejorar la tensión que se vive en algunas clases con grupos muy numerosos.
Los sindicatos mayoritarios han valorado el avance pero consideran que las cifras son mejorables. Han explicado que desearían ratios más bajas y, sobre todo, que su aplicación se adelante, ya que, con el calendario planteado, no se aplicarán desde el próximo curso. Educación ha respondido que el número de puestos escolares para el siguiente año académico ya está fijado, lo que limita los cambios inmediatos, y se ha comprometido a crear una comisión de seguimiento para controlar la implantación paulatina de estas ratios.
Desde la Conselleria han insistido en que no pueden aceptar utopías y solo pueden ofrecer lo que consideran posible con los recursos disponibles y la planificación ya cerrada. Con ello, han querido marcar los márgenes de la negociación sin renunciar a los objetivos de mejora.
Infraestructuras escolares y zonas afectadas por la dana
El tercer gran bloque de la reunión se ha centrado en las infraestructuras educativas. La Conselleria ha presentado una oferta de inversión de 1.410 millones de euros en cuatro años para renovar, ampliar o mejorar centros escolares. Este plan afecta a colegios e institutos de diferentes municipios y busca atender necesidades acumuladas.
Los sindicatos han reclamado mayor concreción y han propuesto incorporar un anexo al documento donde se detallen los centros, municipios y cantidades previstas. También han pedido que se dé prioridad a los centros que todavía cuentan con barracones y que se aumente tanto la inversión como el ritmo de ejecución en la zona afectada por la dana, una de las más castigadas y donde las obras avanzan con retraso.
STEPV ha advertido de que no confían en la Conselleria y que, por ese motivo, no quieren esperar a una futura mesa técnica. Exigen ya la foto completa de lo que se va a hacer y en qué plazos. Además, han alertado de que hay centros de la zona de la dana donde, después de veinte meses, la ejecución de las actuaciones previstas es todavía cero, lo que consideran inaceptable.
El director general de Infraestructuras ha defendido que la propuesta presentada es un plan director que sirve de base para seguir trabajando a medio y largo plazo. Ha expresado su deseo de que con el tiempo pueda verse incrementado y mejorado. La consellera, por su parte, ha reiterado la voluntad inequívoca de compartir información sobre las inversiones, pero ha avisado de que, si se entra al detalle de cuestiones muy puntuales en esta fase, resulta muy difícil poder avanzar en el conjunto del acuerdo.
