Lanzan una orden de detención internacional de Vicente L.G. condenado por una agresión sexual y amenazas en Castellón

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El acusado no se presentó a la vista en la que debía decidirse su ingreso en prisión

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha ampliado a nivel internacional la orden de búsqueda y captura de Vicente L.G., condenado a ocho años de prisión por un delito de agresión sexual y otro de amenazas contra una mujer.

El tribunal ha dictado órdenes de búsqueda y captura a nivel nacional, en el espacio Schengen y también en el ámbito internacional, después de que el condenado no se presentara a la vista convocada para decidir sobre su ingreso en prisión.

La Audiencia Provincial de Castellón acordó el pasado 9 de abril su ingreso inmediato en prisión y emitió la correspondiente orden de búsqueda, detención e ingreso en la cárcel. El condenado se encontraba en situación de libertad provisional por esta causa a la espera de juicio y sí cumplió con la obligación de acudir a la vista oral celebrada contra él el 23 de febrero.

Sentencia no firme y orden de prisión

La sentencia, dictada en marzo, condena a Vicente L.G. a ocho años de cárcel por agresión sexual y amenazas, aunque la resolución no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Tras dictarse la condena, la Sección Segunda de la Audiencia de Castellón lo citó a una vista el 9 de abril para resolver si ordenaba su ingreso inmediato en prisión, tal como habían solicitado las acusaciones. El condenado no compareció pese a estar citado legalmente, por lo que el tribunal acordó su entrada en prisión y emitió la orden de búsqueda y detención.

La resolución recoge que el acusado contaba con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia. Entre ellos figuran otras condenas por delitos de carácter sexual y por hechos relacionados con coacciones y vejaciones a mujeres.

La víctima fue captada con una falsa oferta laboral

La sentencia considera probado que, a mediados de octubre de 2018, el acusado conoció a una mujer en la vía pública en Castellón. Tras preguntarle por una dirección y mantener varios minutos de conversación, le ofreció un supuesto trabajo como camarera o encargada en un establecimiento.

Según los hechos probados, el condenado utilizó esa falsa oferta laboral para conseguir el teléfono de la víctima e iniciar el contacto con ella a través de WhatsApp. Días después volvió a citarla con el pretexto de hablar de las condiciones de trabajo en algunos de sus supuestos locales de restauración.

Durante esos encuentros, el acusado realizó manifestaciones intimidatorias para doblegar la voluntad de la mujer. Le aseguró que se dedicaba también a mover droga, que tenía poder en Castellón y que conocía a personas importantes, policías y miembros de la carrera judicial.

Amenazas con un vídeo sexual

El condenado llegó a acompañar a la mujer a su domicilio con la excusa de que se cambiara de ropa para una entrevista de trabajo que nunca se produjo. Posteriormente la citó de nuevo en su vivienda bajo el mismo pretexto.

En otra ocasión, le dijo que sus amigos podrían encontrarla en cualquier momento si había algún problema y que podrían actuar contra ella y contra su familia. También le mostró un arma situada en un mueble junto a la cama, lo que provocó que la víctima abandonara el domicilio atemorizada.

El 15 de octubre de 2018, el acusado volvió a contactar con la mujer y quedó con ella en su domicilio. La víctima acudió con la intención de poner fin a la situación y no volver a verlo. Una vez allí, el condenado cerró la puerta con llave, puso la televisión a todo volumen y le dijo que un dirigente del cartel de Sinaloa se había encaprichado con ella tras ver sus fotos en redes sociales.

Con ese argumento, la obligó a mantener relaciones sexuales y grabó un vídeo con un teléfono móvil pese a la negativa de la víctima. Después, la amenazó con difundir la grabación y con actuar contra ella o contra su familia si lo denunciaba.