El Partido Popular de la provincia de Castellón ha anunciado una «alianza institucional» para reclamar la actualización de las entregas a cuenta de la Participación en los Tributos del Estado que reciben los ayuntamientos. El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, ha defendido esta iniciativa junto a portavoces populares de Vila-real, Altura, Sant Mateu, Cabanes, Vilafamés, l’Alcora, Bejís, Teresa y la Vall d’Uixó.
Aguilella ha afirmado que la provincia sufre una situación de “asfixia social” por la falta de actualización de estas aportaciones estatales. Según ha señalado, desde los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados, vigentes en 2023, los castellonenses han soportado un incremento de impuestos del 57%, mientras las entregas a cuenta permanecen congeladas.
El dirigente popular ha sostenido que esta situación provoca que Castellón pague “cada año más” y reciba “menos”. Según los cálculos expuestos por el PPCS, los ayuntamientos de la provincia han dejado de ingresar 20,7 millones de euros en lo que va de 2026 y el total acumulado desde 2023 superaría los 250 millones de euros.
Reclamación desde ayuntamientos y Diputación
Aguilella ha avanzado que el PPCS impulsará iniciativas institucionales tanto desde los ayuntamientos como desde la Diputación de Castellón para exigir la actualización inmediata de las entregas a cuenta con criterios reales y actualizados.
El secretario general provincial ha defendido que ese dinero “es de los castellonenses” y que podría destinarse a más inversiones, servicios y recursos para mejorar la vida de los vecinos.
Según ha argumentado, la provincia ha crecido en población durante los últimos años y, por tanto, también ha aumentado el número de contribuyentes. A juicio del PPCS, las aportaciones estatales siguen fijadas con criterios que no reflejan la realidad actual de Castellón.
Impacto en distintos municipios de la provincia
El portavoz del PP en Vila-real, Adrián Casabó, ha asegurado que la ciudad acumula una deuda próxima al millón de euros en lo que va de año y de 12,3 millones desde 2023. Casabó ha reclamado que el Gobierno pague lo que, según sostiene, corresponde al municipio.
En la Vall d’Uixó, Herminio Serra ha cifrado en 200.000 euros la cantidad que el municipio habría dejado de ingresar en abril y en 550.000 euros el acumulado de los cuatro primeros meses de 2026. Desde 2023, según sus datos, la cifra superaría los 7,8 millones de euros.
En l’Alcora, el portavoz popular, Javier Peris, ha situado el impacto en 155.000 euros durante 2026 y en más de 2,2 millones desde hace tres años. Peris ha pedido al alcalde, Samuel Falomir, que se sume a esta reclamación.
También en Cabanes, la portavoz del PP, Lucía García, ha señalado que la localidad ha dejado de percibir 61.000 euros en 2026 y más de 600.000 euros desde 2023. García ha reclamado que se defiendan los intereses de los vecinos desde el gobierno municipal.
Reivindicación en los pueblos pequeños
El portavoz popular en Altura, Carlos Punter, ha indicado que el Gobierno central adeudaría más de 800.000 euros al municipio desde 2023. En Vilafamés, Marisa Torlà ha reclamado el ingreso de 330.000 euros y ha vinculado esta reivindicación con el conjunto de la provincia, donde, según ha afirmado, la deuda con la Diputación de Castellón ascendería a más de 130 millones de euros.
En Sant Mateu, Vicente Pascual ha exigido el pago de 390.000 euros que, según el PP, el municipio ha dejado de recibir desde 2023. Pascual ha defendido que los recursos públicos son esenciales para mantener servicios y proyectos en marcha.
La portavoz popular en Bejís, Laura Gómez, ha afirmado que los 71.000 euros que el municipio habría dejado de ingresar desde 2023 podrían contribuir a mejorar servicios y frenar la despoblación. En esa misma línea, el portavoz del PP en Teresa, Francisco Javier Mengual Alcaide, ha situado la cantidad pendiente en 65.000 euros y ha defendido que esos recursos pertenecen al municipio y a sus vecinos.
El PPCS sostiene que esta reivindicación afecta al conjunto de la provincia y ha insistido en que la actualización de las entregas a cuenta permitiría reforzar la capacidad económica de los ayuntamientos para atender servicios, inversiones y necesidades locales.
