El Consell ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a emprender acciones judiciales contra el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central y a solicitar, si lo considera oportuno, medidas cautelares de suspensión.
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha explicado que el acuerdo responde al impacto que, según defiende el Gobierno valenciano, puede tener este proceso sobre la organización, la financiación y la prestación de los servicios públicos, así como sobre la presión en materia de vivienda.
Barrachina ha señalado que la política migratoria debe desarrollarse de forma «ordenada, legal y de conformidad con la capacidad de acogida». En este sentido, ha indicado que la Abogacía queda habilitada para adoptar «todas las medidas que estime oportunas».
Impacto económico y capacidad de acogida
El Consell sostiene que el impacto económico del proceso en los servicios públicos es «desconocido», al considerar que no existe una memoria económica ni compensaciones suficientes para los territorios.
Según ha defendido Barrachina, los cambios planteados pueden tener efectos directos sobre la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas sin una planificación previa ni financiación asociada suficiente.
El portavoz ha afirmado que «la política migratoria no puede hacerse al margen de la realidad de los territorios» y ha añadido que debe estar ajustada a la capacidad de acogida para evitar que la presión recaiga sobre los servicios gestionados por las autonomías.
Defensa de los servicios públicos
Barrachina ha subrayado que la decisión no responde a una posición ideológica, sino a la necesidad de garantizar una gestión eficaz y sostenible de los recursos públicos.
«El objetivo es proteger la calidad de los servicios públicos y garantizar que se pueda seguir atendiendo adecuadamente a todas las personas», ha señalado el portavoz del Consell.
