La Diputación de Castellón ha activado 1.042.700 euros para reforzar la conciliación familiar y laboral en los municipios de menos de 1.500 habitantes, una línea de ayudas que aumenta un 15% respecto al pasado ejercicio. La institución provincial busca así sostener y ampliar un servicio dirigido a facilitar el día a día de las familias, especialmente en el medio rural.
La medida permitirá consolidar las 36 Unidades de Conciliación Familiar ya existentes en la provincia y contempla además la posibilidad de incorporar dos nuevas. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado que se trata de “la mayor aportación económica a la Unidad de Conciliación Familiar para mejorar las oportunidades y la calidad de vida de las familias castellonenses”.
Conciliación y apoyo al interior de Castellón
La convocatoria está dirigida a ayuntamientos de la provincia con población inferior a 1.500 vecinos y financia el servicio de Unidad de Conciliación Familiar, orientado a favorecer la conciliación laboral y familiar y a reforzar la atención a menores de 0 a 3 años.
Según ha defendido Marta Barrachina, esta inversión reafirma el compromiso de la institución con la prestación de “más y mejores servicios a las familias castellonenses, especialmente a las que viven en el medio rural”. En esta línea, la presidenta provincial ha subrayado que la Diputación quiere responder a las dificultades que afrontan los municipios con menos población para compatibilizar trabajo y cuidados.
La dirigente provincial ha insistido en que estas ayudas no solo facilitan la organización diaria de las familias, sino que también generan oportunidades en el entorno rural y contribuyen a fijar población. A su juicio, cuidar el interior de la provincia forma parte de las prioridades del equipo de gobierno.
Más flexibilidad para que ningún pueblo quede fuera
Una de las novedades de la convocatoria es la modificación de las bases para ampliar el acceso al servicio. A partir de ahora, el número mínimo de usuarios exigido para habilitar una Unidad de Conciliación Familiar pasa de 3 a 1, un cambio con el que la Diputación pretende evitar que los municipios más pequeños queden excluidos por falta de demanda.
Barrachina ha remarcado que esta mejora permitirá que ningún ayuntamiento quede al margen por su tamaño. De este modo, la institución provincial trata de adaptar el recurso a la realidad demográfica de muchos pueblos del interior, donde el número de menores puede ser reducido pero la necesidad de apoyo sigue siendo clave.
La diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha señalado que las UCF son “un servicio al servicio de las familias” y una herramienta que mejora de forma directa su calidad de vida. Según ha explicado, estas unidades favorecen la conciliación y, al mismo tiempo, ayudan a mejorar las oportunidades de empleo de los progenitores y la atención asistencial de los menores más pequeños.
Impacto en las familias y en los municipios
La responsable provincial de Bienestar Social ha destacado que el impacto de estas ayudas va más allá del ámbito familiar. En su opinión, también benefician a los municipios porque contribuyen a la atracción y fijación de población joven, ayudan a equiparar servicios con localidades de mayor tamaño y refuerzan el tejido social local.
Desde la institución provincial sostienen que esta línea de subvenciones busca garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio, con independencia del tamaño de cada municipio. El objetivo pasa por ofrecer recursos que permitan a padres y madres compaginar su actividad laboral con el cuidado de sus hijos sin que vivir en un pequeño pueblo suponga una desventaja.
Las bases de la convocatoria han salido adelante por unanimidad en el pleno ordinario de marzo. Los ayuntamientos interesados podrán presentar sus solicitudes en un plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente hábil a la publicación del extracto en el boletín oficial correspondiente.
