La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar posibles irregularidades en la contratación realizada durante 2024 por el Patronato Municipal de Turismo de Castellón, después de las denuncias presentadas por PSPV y Compromís a raíz de las conclusiones recogidas en un informe de control financiero municipal.
Según han explicado ambos grupos de la oposición, el Ministerio Público aprecia indicios suficientes para estudiar si se ha podido producir un uso abusivo del contrato menor, una práctica que consideran contraria a la normativa cuando se emplea de forma reiterada para eludir los procedimientos ordinarios de contratación.
Intervención General Municipal
El debate gira en torno al informe de la Intervención General Municipal, que cuestiona la frecuencia con la que se recurrió a este tipo de fórmula en el Patronato de Turismo. De acuerdo con esos datos, el 70,80 % del importe de los capítulos II y VI del presupuesto del organismo se gestionó mediante contratos menores, por un total de 571.248,39 euros, cifra que asciende a 681.901,29 euros con IVA incluido.
La oposición sostiene que ese volumen convierte en habitual una herramienta que debería ser excepcional. Además, advierte de que la intervención municipal también señala que no se habría seguido ni la Ley de Contratos del Sector Público ni la instrucción interna aprobada por el propio Ayuntamiento en materia de contratación.
Posible fraccionamiento de contratos
Entre los aspectos más sensibles del informe figura la posible existencia de fraccionamiento de contratos con un mismo proveedor, una práctica que podría suponer un incumplimiento de la normativa al dividir encargos para adjudicarlos como contratos menores y evitar así procedimientos con mayor concurrencia y control.
Desde Compromís, su portavoz Ignasi Garcia ha insistido en reclamar la creación de una comisión política que analice la contratación menor del Patronato no solo durante 2024, sino también en 2025, al considerar que esta dinámica se habría prolongado en el tiempo.
Por su parte, la portavoz del PSPV, Patricia Puerta, ha defendido que la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía refuerza la necesidad de depurar responsabilidades en el área de Turismo, coordinada por la concejala Arantxa Miralles, de Vox.
La investigación abre ahora un nuevo frente político en el Ayuntamiento de Castellón, donde la oposición considera que los indicios detectados obligan a revisar a fondo la gestión del Patronato Municipal de Turismo y a esclarecer si se vulneraron los principios de concurrencia y legalidad en la contratación pública.
