La Policía libera a tres mujeres explotadas sexualmente y desarticula una red con seis detenidos en Castellón

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La organización captaba a víctimas vulnerables en Sudamérica, las trasladaba a España con engaños y las obligaba a prostituirse en pisos y clubes bajo amenazas y deudas de hasta 7.000 euros

La Policía Nacional ha liberado a tres mujeres víctimas de explotación sexual y ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con este fin. La operación se ha saldado con la detención de 11 personas, de las que seis han sido arrestadas en la provincia de Castellón, además de otras en Madrid, Sevilla y Alicante. Cuatro de los principales responsables han ingresado en prisión provisional.

La investigación sitúa el inicio de esta red en la captación de mujeres vulnerables de origen sudamericano a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Según la Policía, los miembros del entramado se ganaban su confianza mediante engaños y manipulación, y las convencían para viajar a España con la promesa de una salida a su situación personal, económica y social.

Para facilitar esos desplazamientos, la organización les proporcionaba billetes de ida y vuelta, reservas hoteleras y seguros médicos con el fin de aparentar viajes turísticos y evitar sospechas en los controles fronterizos. Una vez en España, las víctimas contraían una deuda de hasta 7.000 euros, que debían saldar ejerciendo la prostitución para la red.

Las pesquisas han determinado que las mujeres eran explotadas en clubes y pisos prostíbulo situados en Castellón, Madrid y Sevilla. En muchos casos, permanecían durante días o semanas en una vivienda antes de ser trasladadas a otros inmuebles controlados por miembros de la organización.

La Policía sostiene que las víctimas debían estar disponibles para ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, y solo disponían de dos horas de descanso. Además, no podían rechazar ningún tipo de servicio sexual. A ello se sumaba que los gastos de manutención y de material profiláctico corrían a cargo de las propias mujeres.

Según la investigación, también estaban obligadas a ceder su imagen para la publicación de anuncios en páginas web de contactos y permanecían vigiladas de forma constante por las responsables de los inmuebles. Los agentes añaden que, en algunos casos, las mujeres debían aceptar prácticas sin protección, incluso cuando se encontraban enfermas o durante la menstruación.

Amenazas a las víctimas y a sus familias

La operación también ha puesto de relieve el clima de miedo en el que vivían las víctimas. Algunas fueron amenazadas y coaccionadas para que continuaran ejerciendo la prostitución sin denunciar los hechos. Entre las formas de intimidación detectadas, la Policía destaca el envío de fotografías de familiares que residían en sus países de origen.

Los investigados también exigían el pago periódico de la deuda mediante llamadas telefónicas y organizaban traslados continuos entre distintos prostíbulos del territorio nacional. Además, las víctimas habrían sido obligadas a consumir, transportar y ofrecer sustancias estupefacientes, con castigos si se negaban.

Once detenidos y registros en Castellón

La investigación se inició en septiembre de 2025 tras las declaraciones de varias víctimas, que permitieron destapar la existencia de este entramado de carácter internacional. Como resultado del operativo, los agentes practicaron cuatro entradas y registros en la provincia de Castellón, donde fueron liberadas las tres mujeres.

En total, la Policía ha detenido a 11 personas: seis en Castellón, dos en Madrid, dos en Sevilla y una en Alicante. Cuatro de ellas han ingresado en prisión provisional como presuntas responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos contra la salud pública.

Durante el operativo, los agentes intervinieron dos teléfonos móviles, un datáfono presuntamente utilizado para cobrar los servicios sexuales y diversa documentación relacionada con la actividad criminal.

La Policía Nacional recuerda que mantiene habilitada la línea 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos.


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