El ya maltrecho sector pesquero de la provincia de Castelló, sobre el que ahora pesa una última amenaza que lo condena a su desaparición, según todos los afectados, ha sido protagonista de uno de los puntos del Pleno de la Diputación.
La idea hubiera sido que se elevara como Declaración Institucional, es decir, que fuera moción conjunta y por tanto, la unanimidad la transformara en voz común de la institución provincial. Sin embargo, pese a que PP, PSOE y Compromís han estado de acuerdo en suscribir la propuesta «por el bien común», con sus matizaciones, Vox, ha declinado sumarse.
Con todo, lo que era explicación de voto, se ha convertido en debate. No obstante, este ejercicio democrático cargado de buenas intenciones no soluciona una situación que no tiene visos de solución. Cabe recordar que tras la manida reducción de los días de pesca y la posterior matización con «medidas correctoras» que permitía aumentar las jornadas de captura, modificando las herramientas, el sector ha dejado claro que «no era viable» y que era una condena a desaparecer.
Por tanto, las repetidas protestas del sector pesquero en todo el territorio nacional y las manifestaciones en la provincia de Castellón, parece que de nada hayan servido. Pese a eso, desde la Diputación se ha presentado una moción cuyo texto parte de las reivindicaciones del propio sector que entre oras cosas piden «un mínimo de 160 días y la petición de paralizar la normativa hasta 2030».
La propuesta, ha salido adelante con el voto a favor de PP, PSOE y Compromís y la abstención de Vox que incluso desde el PP se ha tratado de evitar para convencer al diputado Luciano Ferrer que se sumara, algo que no ha conseguido. De hecho, el diputado del PP, Andrés Martínez ha recriminado al partido de ultraderecha que la moción que estos pretendían defender era «generalista y no aterrizada en la realidad» y además le ha recriminado que Vox, «en lenguaje pesquero» frente al problema del sector «haya abandonado el buque».
