El Colectivo de Vecinos de la Vall d’Alba y Cabanes ha convocado una asamblea informativa para esta noche, lunes 5 de octubre, a las 20.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de la Vall d’Alba. El objetivo es explicar a la ciudadanía los riesgos que plantean las dos macroplantas de biogás proyectadas en el municipio y orientar a los vecinos sobre cómo presentar alegaciones. El Consistorio, que ya ha emitido informe desfavorable contra ambos proyectos, ha cedido el local para el encuentro.
La iniciativa ha nacido de forma espontánea. Sus impulsores han distribuido las tareas con rapidez: unos se encargan de la difusión en redes sociales, otros estudian la documentación legal y otros trabajan en la concienciación de los vecinos.
Salud, agua y devaluación, en el centro del debate
La reunión de esta noche abordará los principales temores de la comunidad. Entre ellos destacan el impacto en la salud pública y el riesgo de contaminación de acuíferos y pozos. También preocupan el aumento del tráfico de camiones, los problemas de olores y la posible devaluación del municipio y el entorno rural. Además, el colectivo explicará a los asistentes los pasos a seguir para presentar alegaciones durante el periodo de información pública actualmente en curso.
El colectivo ha solicitado al Ayuntamiento una copia del informe desfavorable de urbanismo. Lo harán para reforzar su posición con argumentos técnicos y legales. Uno de sus principales motivos de malestar es que la documentación del proyecto afirma que el periodo de información pública no registró participación social en contra. Los vecinos cuestionan frontalmente esta afirmación.
Los dos proyectos los promueven Dafo Ecoenergías S.L. y Valoritzadora Agropecuaria de Vall d’Alba S.L. Ambos se tramitan como Declaración de Interés Comunitario (DIC) ante el Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón. Se publicaron en el DOGV el pasado 22 de septiembre. El segundo prevé una instalación de fermentación anaeróbica con capacidad para tratar más de 200.000 toneladas de residuos al año. Su superficie superará los 39.000 metros cuadrados.
El ayuntamiento muestra su compromiso, aunque los vecinos esperan también hechos
La alcaldesa Marta Barrachina Mateu ha dado ya varios pasos concretos. La Junta de Gobierno Local ha aprobado emitir informe desfavorable sobre ambos expedientes. Además, el Consistorio ha solicitado asesoramiento jurídico y técnico especializado para analizar en profundidad los proyectos de ambas mercantiles. El objetivo es elaborar las alegaciones pertinentes dentro del plazo legal.
Una vez concluido ese estudio, el Ayuntamiento convocará una reunión informativa formal para los vecinos. Mientras tanto, anima a ciudadanos y colectivos a presentar sus propias alegaciones. Pueden hacerlo en cualquier registro administrativo habilitado por ley o aportándolas directamente al Consistorio.
Los vecinos valoran el gesto del Ayuntamiento al ceder el local. Sin embargo, esperan que la implicación municipal vaya creciendo a medida que se conozca mejor el alcance de los proyectos. El colectivo ha denunciado también la falta de compromiso de otras plataformas vecinales de la comarca. En el pasado, esas plataformas sí se movilizaron para defender intereses más localizados. Ahora, según los vecinos, la amenaza es mucho más transversal y afecta a un número de ciudadanos muy superior.
‘Esta lucha no tiene colores, es de supervivencia vecinal’, afirman sus impulsores. El colectivo se define como apartidista y formado por vecinos anónimos sin filiación política.
Los proyectos de la Vall d’Alba no son un caso aislado en la Plana Alta. La provincia de Castellón acumula ya siete proyectos de biogás en trámite. La inversión conjunta se acerca a los 100 millones de euros. Se concentran principalmente en el Baix Maestrat y la Plana Alta, las comarcas con mayor actividad ganadera de la provincia.
El auge de este tipo de instalaciones ha generado una oposición creciente en municipios de toda España. Los vecinos alertan de malos olores, aumento del tráfico pesado y deterioro de la calidad de vida. También denuncian el impacto sobre el valor de los inmuebles próximos a estas instalaciones.
