La organización agraria reclama indemnizaciones justas y protección para las explotaciones, aunque gran parte del trazado provincial aprovechará el actual conducto de gas natural
La Unió Llauradora i Ramadera ha iniciado la creación de un colectivo de propietarios afectados por el futuro corredor estatal de transporte de hidrógeno. La infraestructura recorrerá 23 municipios de las comarcas de Castellón y alrededor de un centenar en toda la Comunitat Valenciana.
El objetivo de la organización agraria es defender un proceso expropiatorio transparente, unas indemnizaciones ajustadas al valor real de los terrenos y la protección de las explotaciones agrarias. Las obras de construcción del corredor y de adaptación de las infraestructuras existentes están previstas entre 2028 y 2029.
El proyecto contempla un trazado de 393 kilómetros dentro de la Comunitat Valenciana. No obstante, buena parte del recorrido castellonense aprovechará el conducto ya construido que discurre paralelo a la infraestructura de transporte de gas natural.
El trazado reutilizará el conducto existente en Castellón
Según la información trasladada por LA UNIÓ, el proyecto no prevé nuevas expropiaciones desde la entrada del corredor por Cataluña hasta la zona de Montesa o Albaida, en la provincia de Valencia. En ese tramo se pretende utilizar la infraestructura ya disponible.
Esta circunstancia afectaría al recorrido por la provincia de Castellón, aunque la organización ha decidido reunir a los propietarios para vigilar el desarrollo del proyecto y actuar ante posibles afecciones sobre caminos, sistemas de riego, accesos o superficies agrícolas.
Los 23 municipios castellonenses incluidos en el trazado son Almassora, Almenara, Les Alqueries, Benlloc, Borriol, Borriana, Cabanes, Canet lo Roig, Castelló de la Plana, Xilxes, la Jana, la Llosa, la Pobla Tornesa, la Salzadella, la Torre d’en Doménec, les Coves de Vinromà, Moncofa, Nules, Sant Mateu, San Rafael del Río, Traiguera, Vilanova d’Alcolea y Vila-real.
LA UNIÓ sostiene que la implantación de infraestructuras estratégicas para la transición energética debe ser compatible con la conservación del territorio y de la actividad agrícola. La entidad recuerda que las explotaciones constituyen un patrimonio productivo, económico y medioambiental esencial para las zonas rurales.
La organización mantendrá una interlocución directa con la empresa promotora del corredor. Su intención es exigir las máximas garantías durante la planificación y la ejecución de las obras.
Entre sus principales reivindicaciones figuran unas indemnizaciones calculadas con criterios técnicos y agrarios. LA UNIÓ pide que las valoraciones tengan en cuenta el valor real de las explotaciones, los cultivos, las instalaciones y las pérdidas productivas que pueda ocasionar el proyecto.
También reclama que las obras minimicen las molestias sobre la actividad diaria. La organización exige que se garantice el acceso a las parcelas, el mantenimiento de las infraestructuras de riego y la continuidad de los trabajos agrícolas.
Otra de las peticiones es la restauración adecuada de los terrenos cuando finalicen las actuaciones. Esta recuperación deberá incluir la reposición de la tierra vegetal, la retirada de residuos y el restablecimiento de la capacidad productiva de las parcelas.
Para LA UNIÓ, «la modernización energética no debe hacerse a expensas del campo valenciano». La entidad insiste en que las infraestructuras de interés general deben incorporar criterios de sostenibilidad social y territorial.
El corredor también recorrerá 54 municipios de la provincia de Valencia y otros 23 de Alicante. El tramo donde podrían concentrarse las principales actuaciones expropiatorias se sitúa entre Montesa o Albaida y el eje Tibi-Xixona.
Por el contrario, desde Tibi-Xixona hasta la Región de Murcia también se utilizará, en principio, el conducto ya existente. Esta solución reduciría la necesidad de ocupar nuevos terrenos en el sur de Alicante.
LA UNIÓ reclama además que las administraciones públicas supervisen todo el procedimiento. La organización pide valoraciones objetivas y compensaciones suficientes para evitar pérdidas irreparables en las explotaciones afectadas.
El colectivo ofrecerá asesoramiento técnico y jurídico a los propietarios. También informará sobre la evolución del proyecto para que puedan defender sus derechos frente a la Administración y la empresa promotora.
La organización ha llamado a los titulares de las fincas incluidas en el trazado a incorporarse al colectivo. Considera que la actuación conjunta permitirá reforzar su posición durante la tramitación y ejecución del corredor.
