La Unió Llauradora i Ramadera ha acusado este viernes a la Generalitat de desviar 54 millones de euros del presupuesto agrario de la Comunitat Valenciana en un plazo de tres semanas para destinarlos a otras finalidades. La organización considera que esta retirada supone un perjuicio directo para la recuperación de explotaciones afectadas, la planificación de inversiones rurales y la capacidad del sector para afrontar un contexto marcado por costes elevados y fenómenos climáticos adversos.
La Unió detalla que el Consell eliminó el 14 de octubre la línea de 26,7 millones destinada a restaurar parcelas damnificadas por la DANA del 29 de octubre de 2024, y derivó estos fondos a la compra de material escolar. A esta decisión se suma la minoración de 27,38 millones aprobada el 4 de noviembre en el presupuesto de la AVFGA, que pasó a financiar el fondo de transición hacia el nuevo modelo de financiación universitaria.
La organización advierte de que retirar recursos vinculados al FEADER, al PEPAC y a la cofinanciación estatal y autonómica reduce el margen del sector para acometer inversiones que sostienen la actividad productiva y la competitividad del campo valenciano.
La Unió ha pedido a la Conselleria de Agricultura un desglose detallado de las partidas afectadas, así como las explicaciones sobre las implicaciones que esta decisión tiene para la AVFGA y para los programas europeos en marcha.
El secretario general, Carles Peris, señala que “se trata de recursos para el sector agrario que si se retiran frenan la gestión diaria del sector y ponen en riesgo proyectos de ejecución. No se pueden eliminar porque sí fondos agrarios que frenan la recuperación y proyectos, así como líneas de inversión para el medio rural”. Añade que desviar estas partidas “supone detraer fondos del presupuesto agrario para destinarlos a otras finalidades, puesto que rompe el principio de coherencia en la política presupuestaria y pone en riesgo la credibilidad de las instituciones ante el sector”.
Peris también recuerda que “si estos fondos ya estaban en los presupuestos aprobados por PP y Vox en mayo, o no hicieron bien la previsión o no han sido capaces de impulsar la normativa para que este dinero llegue a los productores” y reclama que la administración dé explicaciones “con la máxima celeridad”.
