La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la condena a una pareja por matar, descuartizar y quemar el cadáver del hombre con el que convivía en Alicante y ha ordenado repetir el juicio con un nuevo jurado popular y un magistrado presidente distinto.
Según la anterior sentencia, dictada el 29 de junio por la Audiencia de Alicante, ambos acusados habían sido condenados por un delito de homicidio y otro de estafa a penas de 13 años y nueve meses de prisión para cada uno.
El TSJCV ha estimado los recursos de apelación presentados por las defensas de los condenados y ha declarado la nulidad de aquella resolución. La Sala ha considerado que el veredicto del jurado no estaba suficientemente motivado y que esto ha provocado un quebrantamiento procesal.
Falta de motivación del jurado
El tribunal ha señalado que el acta de la votación del jurado ‘no logra responder todas las cuestiones que se planteaban en el objeto del veredicto’. Para la Sala, ese documento omitía extremos relevantes sobre la autoría y la culpabilidad de los dos procesados.
Los magistrados han precisado que ‘se obvian, por ejemplo, los temas relativos a la autoría y culpabilidad, sin que la sucinta e implícita explicación que pueda surgir de aquella respuesta general consiga, más allá de los criterios experienciales que parecen conducir a una muerte homicida, identificar la concreta intervención en su causación de los hoy recurrentes’.
Ante esta situación, la sentencia de apelación considera que el magistrado que presidió el tribunal del jurado debió devolver el veredicto para que los miembros del jurado lo aclarasen o lo completasen. Al no hacerlo, se ha generado un defecto que ahora obliga a repetir el juicio oral.
Hechos investigados y posiciones de las partes
Los hechos que se van a volver a juzgar se remontan al mes de junio de 2024. Entonces aparecieron los primeros restos del cuerpo de la víctima, abandonados en una partida rural del término de Alicante.
En su escrito de acusación, la Fiscalía sostenía que los dos encausados mataron al dueño de la vivienda donde vivían con la intención de quedarse con el uso del inmueble y con su pensión. Según esa versión, después de darle muerte, descuartizaron el cuerpo y le prendieron fuego con el objetivo de eliminar pruebas.
El ministerio público detallaba que la Policía pudo identificar al fallecido gracias a sus huellas dactilares. Esa identificación permitió avanzar en la investigación hasta localizar a los dos sospechosos.
De acuerdo con la acusación, la mujer convivía con la víctima tras entablar primero una relación de amistad con él y haberse dedicado a su cuidado. Su pareja sentimental también acudía con frecuencia a la vivienda, siempre según el relato fiscal.
La Fiscalía solicitaba una pena de 17 años de prisión para cada uno de ellos como autores de un delito de homicidio. Además, les atribuía un delito de estafa por intentar apropiarse de la pensión y del uso de la vivienda del fallecido.
Las defensas, en cambio, rechazaron de plano la versión de la acusación pública. Sostuvieron que el hombre murió por un posible infarto, probablemente relacionado con un golpe de calor, y defendieron que no existían pruebas definitivas sobre la causa exacta del fallecimiento.
Ahora, un nuevo jurado popular tendrá que volver a escuchar a las partes, valorar las pruebas y emitir un veredicto motivado sobre si la pareja es culpable o no del homicidio y de la estafa que se les atribuyen.




