El TSJCV ordena a Sanidad entregar datos sobre pagos a la privada

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El PSPV ha anunciado una segunda sentencia contra el conseller Marciano Gómez por no facilitar información detallada sobre pagos sanitarios a empresas privadas.

El PSPV-PSOE ha anunciado el 22 de noviembre una segunda condena del TSJCV al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por no entregar información completa sobre pagos a empresas privadas. La sentencia obliga a facilitar los datos solicitados por la portavoz socialista de Sanidad, Yaissel Sánchez, en el plazo de un mes, según el partido.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo considera que la respuesta de Gómez, al omitir parte de la documentación, «es contraria al ordenamiento jurídico y se anula en lo relativo a no haberse facilitado la información solicitada». El tribunal también concluye que se ha vulnerado el derecho fundamental de Sánchez, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

El PSPV ha señalado que la resolución reconoce el derecho de la diputada a obtener de la Conselleria la información requerida. La sentencia no es firme, según ha indicado Sanidad.

Qué datos reclamaban los socialistas

El grupo socialista había solicitado el gasto total en contrataciones y derivaciones a empresas privadas de 16 departamentos de salud. La petición abarcaba los ejercicios de 2024, 2025 y 2026 hasta la fecha de respuesta.

También pidió conocer qué porcentaje representaron esos pagos sobre el gasto total de los departamentos en 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, hasta la fecha de respuesta. Además, reclamó el detalle de conceptos, servicios e importes abonados a las empresas privadas.

Gómez respondió con cifras agrupadas para 2024 y 2025, sin separar cada ejercicio. Añadió una comparación con 2022 y 2023, que no se había solicitado, y alegó que el cambio del sistema contable impedía desglosar los datos por años.

También comunicó el porcentaje de externalización sobre el gasto total para el quinquenio 2022-2026, sin separar anualidades. Según el conseller, la solicitud era confusa. La respuesta tampoco especificó el número y tipo de pruebas diagnósticas ni los servicios sanitarios derivados a la privada por especialidades. Tampoco detalló los importes pagados por esos servicios.

Esta es la segunda condena a Marciano Gómez por denegar información al grupo socialista sobre pagos a empresas privadas. La anterior llegó a finales de septiembre y afectó a la misma diputada. Entonces, el TSJCV apreció una vulneración de derechos fundamentales por no informar sobre los pagos a cada centro privado.

Aquella petición incluía las cantidades abonadas por intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y lecturas e informes vinculados a esas pruebas durante 2024 y 2025.

La respuesta de la Conselleria

Jose Muñoz ha censurado las «maniobras inadmisibles» del conseller y le ha acusado de ocultar al Parlamento y a la ciudadanía pagos a empresas privadas. El síndic socialista ha afirmado que estos pagos se producen mientras, a su juicio, se degrada la sanidad pública.

Muñoz también ha criticado la explicación sobre la falta de desglose anual. «Esta es la transparencia del PP y de Feijóo, la de contarnos que no puede dar datos por ejercicios, cuando toda la información económico-presupuestaria de la Generalitat se realiza obviamente por anualidades», ha declarado. Ha añadido que también se elaboran por años las memorias de gestión de la Conselleria de Sanidad.

Consultada sobre la sentencia, la Conselleria ha reiterado su compromiso con la transparencia y el derecho de información parlamentario. Ha asegurado que no ha dejado de responder «ni una sola solicitud de información desde el inicio de la legislatura».

Sanidad sostiene que sí facilitó información sobre el gasto sanitario, aunque el tribunal considera necesario un desglose mayor. La Conselleria ha señalado que la sentencia reconoce «la existencia de serias dudas jurídicas en la controversia». Por ese motivo, no impone las costas procesales a la Administración.

El departamento estudiará el alcance de una resolución que todavía no es firme. También ha defendido que seguirá facilitando información parlamentaria con rigor técnico y garantías jurídicas.

Por último, la Conselleria ha destacado que no hay condena en costas. Lo ha contrapuesto a los cerca de 70.000 euros abonados por condenas en costas relacionadas con 97 solicitudes sin respuesta entre 2020 y 2023. Según Sanidad, desde julio de 2023 los tribunales solo han estimado dos recursos socialistas. En ambos casos, reconoce, se había facilitado información, pero con un desglose insuficiente.