Cuatro de cada cinco presos en la Comunitat Valenciana tiene algún trastorno mental

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Un informe del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión revela que el 80 % de la población reclusa en la Comunitat Valenciana presenta algún trastorno mental y alerta de la falta crónica de psiquiatras en los centros penitenciarios.

Cerca del 80 % de las personas presas en las cárceles de la Comunitat Valenciana presenta algún trastorno mental, y en uno de cada cinco casos se trata de patologías graves. Así lo ha señalado el quinto informe (2025-2026) del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión (ODSP), que también ha advertido de la falta crónica de psiquiatras en los centros penitenciarios valencianos y de sus consecuencias para la atención sanitaria.

El documento, presentado este viernes, ha insistido en que resulta urgente ejecutar la transferencia de la sanidad penitenciaria a la red pública autonómica. Esa transferencia sigue pendiente a pesar de que la Ley 16/2003 ya preveía el traspaso de competencias sanitarias desde el Ministerio del Interior a las comunidades autónomas. El informe también recoge posibles vías de denuncia ante organismos autonómicos, estatales e internacionales.

Evolución de los problemas de salud mental

Entre 2021 y 2024, el ODSP ha elaborado cuatro informes que describen de forma sistemática la atención psiquiátrica y psicológica en las prisiones de la Comunitat Valenciana. Según el Observatorio, ‘lejos de mostrar una mejora progresiva, los informes del ODSP denuncian un sistema que, año tras año, sigue fallando en lo más esencial, proteger la salud mental y la dignidad de las personas privadas de libertad’.

Los trabajos del Observatorio coinciden en la elevada presencia de problemas de salud mental en el ámbito penitenciario. En 2021, se detectó que aproximadamente el 40 % de la población reclusa presentaba algún trastorno mental, mientras que el 65 % sufría problemas de adicción. Estos datos previos sirven ahora de referencia para poner en contexto el nuevo cálculo cercano al 80 % de internos con algún trastorno.

El informe explica que esta combinación de trastornos mentales y adicciones configura un escenario de patología dual especialmente complejo. Este tipo de situación exige intervenciones especializadas e integrales, pero los autores lamentan que ‘no están garantizadas dentro del sistema penitenciario’.

En el informe de 2024 ya se señalaba que la patología dual afectaba al 31 % de los internos atendidos en programas específicos. Esta realidad complica tanto el tratamiento como los procesos de reinserción social. La falta de programas diseñados para abordar de forma simultánea el trastorno mental y la adicción favorece la reincidencia, según recoge el documento.

Riesgo de suicidio y atención insuficiente

El Observatorio recuerda que la patología dual constituye un factor de riesgo crítico para el suicidio. El informe de 2024 citaba una tasa de suicidios nueve veces superior a la de la población general. Además, señalaba que el 61,7 % de los internos con ideación suicida había llegado a realizar al menos un intento. Esta proporción era todavía más elevada entre las mujeres, donde alcanzaba el 65,8 %.

Pese a estas ‘deficiencias sanitarias’, los autores del informe subrayan que la sanidad penitenciaria de la Comunitat Valenciana sigue dependiendo del Ministerio del Interior. Consideran que esta situación ‘incumple la Ley 16/2003, que establecía la transferencia de las competencias en sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas’.

El texto añade que la falta de integración plena en el sistema público sanitario autonómico ‘genera una desconexión con el sistema sanitario público autonómico, lo que produce efectos directos en la continuidad asistencial‘. Entre otros problemas, se describen historiales clínicos duplicados y ausencia de coordinación entre profesionales, lo que complica el seguimiento de los pacientes tras su salida de prisión, por ejemplo en la tramitación de discapacidad, dependencia o medidas de apoyo.

Falta de psiquiatras y recursos especializados

Desde el primer informe, publicado en 2021, el ODSP ha identificado como una carencia fundamental la ausencia o insuficiencia estructural de psiquiatras en las prisiones valencianas. En 2023, el 100 % de los centros analizados declaró no contar con personal sanitario suficiente para atender de forma adecuada a la población interna.

El informe de 2024 detalló que solo el 23,8 % de los centros disponía de un psiquiatra incorporado al equipo. Además, ya se advertía precariedad en la atención médica general. En 2021 se documentó, por ejemplo, que en la prisión de Picassent trabajaban apenas seis médicos para más de 2.000 internos en 2019.

Esa falta de especialistas impide realizar diagnósticos psiquiátricos adecuados y seguimientos clínicos continuados. La detección de trastornos queda con frecuencia en manos de profesionales no especializados o de la intervención externa de ONG, según detalla el estudio.

El análisis global de los cinco informes del ODSP muestra una notable continuidad en los diagnósticos y en las carencias detectadas. Esa acumulación de evidencias apunta, según el texto, a un ‘problema estructural’. ‘La falta de recursos, la descoordinación institucional y la ausencia de un enfoque centrado en los derechos configuran un sistema que no garantiza adecuadamente la salud mental ni la dignidad de las personas privadas de libertad’, concluye el informe.

El papel del Observatorio ODSP

El Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión es una iniciativa de investigación impulsada por la Associació Àmbit. Su equipo está formado por especialistas de distintas disciplinas, como la criminología, la psicología, el derecho, el trabajo social y la sociología. Además, cuenta con la colaboración del Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible de la Universitat de València (UV).

Su trabajo se centra en analizar de forma empírica la situación de las personas privadas de libertad con diagnóstico psiquiátrico en los centros penitenciarios de la Comunitat Valenciana. El Observatorio busca visibilizar sus condiciones de internamiento, el impacto que la prisión tiene sobre su salud mental y los marcos de protección y denuncia ante posibles vulneraciones de derechos humanos.