El síndic de Greuges, Ángel Luna, acompañado de la adjunta primera, Concha Bru, y del segundo, Carlos Castillo, ha presentado esta mañana su Informe Anual 2023, en el que denuncia que las excusas de la Administración para no atender en un plazo razonable los derechos de la ciudadanía son “inaceptables”.
En el marco de la defensa al derecho a una buena administración, el defensor hace una reflexión para advertir a los poderes públicos que cuando se pone en marcha una iniciativa o nueva norma debe acompañarse de su correspondiente dotación presupuestaria. De este modo, queda invalidado el reiterado argumento de falta de medios y de personal, que esgrime la Administración al Síndic para incumplir con su obligación de resolver las peticiones de los ciudadanos en el tiempo establecido.
Asimismo, Luna destaca como “preocupantes” las limitaciones del acceso a documentos que sufren los concejales de los grupos de la oposición. “Estas limitaciones se han ampliado en diversas formas a partir de las elecciones locales de 2023”, señala el síndic, que añade que “esta institución viene denunciando esta realidad durante años y reclamando cambios legislativos al respecto”.
Falta de voluntad política
Sin embargo, ningún grupo político ha recogido estas reclamaciones del defensor. “Ahora asistimos a excusas de todo tipo, desde problemas de aplicaciones informáticas, pasando por las socorridas referencias a la protección de datos y terminando por interpretaciones artificiosas de los reglamentos locales”, explica Luna. Todas estas excusas tienen la finalidad de limitar, por quienes mandan, el contenido y la cantidad de información que se suministra a las personas que tienen como misión constitucional ejercer de oposición. Facilitar el acceso a la información a los cargos públicos de la oposición no exige ni medios, ni esfuerzo. Simplemente es una cuestión de voluntad política.
“Situaciones como las que se han producido en Benidorm, San Juan de Alicante, Cheste, Moncada o Valencia, y que recoge exhaustivamente el Informe Anual del Síndic de Greuges 2023, ponen de relieve el deterioro de reglas esenciales de funcionamiento en una democracia consolidada. Lamentablemente, no son los únicos ejemplos y no se avistan indicios de mejora”, manifiestan desde el órgano de control.
Abrirá una queja de oficio si no mejora la espera en dependencia
Asimismo, en el balance de sus actuaciones en el pasado ejercicio, Luna también insiste en la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos que afectan a la ciudadanía, especialmente para obtener las prestaciones de la renta valenciana de inclusión y de la dependencia.
Precisamente, en materia de dependencia el Síndic destaca el “inquietante incremento” en los datos relativos a la lista de espera de solicitudes de declaración de dependencia, que hace públicos la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda mensualmente. De 13.342 personas solicitantes el 3 de julio de 2023 a 18.580 personas el 2 de enero de 2024.
Luna manifiesta que este incremento es exagerado e injustificado y obliga a la Conselleria, aún más si cabe, a analizar en profundidad las causas de la ineficacia del procedimiento de declaración de dependencia y de aprobación del Programa Individual de Atención correspondiente (PIA), y a adoptar medidas urgentes para su solución.
Así, Ángel Luna, abrirá una queja de oficio si los datos en la Comunitat Valenciana de la lista de espera de la dependencia correspondientes al mes de marzo, y que se conocerán a principios de abril, no revierten el incremento que ha experimentado en el último semestre de 2023.
Además, reseña el elevado número de quejas por deficiencias en el procedimiento de valoración de la discapacidad, y en las demoras en emitir las correspondientes resoluciones de reconocimiento de grado.
El procedimiento de emergencia ciudadana “cae en saco roto”
Esta situación, que se remonta a más de una década atrás, ha provocado que esta institución investigara el tema de oficio, además de las numerosas quejas y consultas que hemos recibido a instancias de parte. Lejos de haberse reducido el problema, su incidencia se ha incrementado en los últimos meses.
Los recordatorios legales del Síndic para las solicitudes de reconocimiento de grado de discapacidad, que la Administración está obligada a resolver en un plazo de tres meses por tratarse de un procedimiento declarado de emergencia ciudadana, caen reiteradamente en saco roto.
Además, continúan sin dotarse de los recursos materiales, económicos y personales a los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad. Especialmente, destaca la situación extraordinaria que sufre el Centro de Valoración de Alicante, con una demora media superior al año. Desde esta institución, en reiteradas ocasiones, hemos urgido al incremento del número de Centros de Valoración. De igual modo, hemos señalado la necesidad de establecer procedimientos de coordinación entre los distintos servicios públicos sectoriales implicados en los procesos de valoración, y hemos urgido a que se tomen medidas que solucionen la falta de cobertura de puestos profesionales.
Por otra parte, señala como inaudito que permanezcan las dificultades de los aplicativos informáticos que la Conselleria argumenta como excusa, transcurridos años desde la entrada en vigor de la ley de Renta Valenciana de Inclusión.
Servicios Sociales renuncia a liderar la declaración del riesgo de los menores
La realidad en que se encuentran los recursos materiales y humanos de la mayoría de los centros de niños, niñas y adolescentes; el impago a las entidades que los gestionan; el hacinamiento de los menores migrantes; las carencias en el sistema de salud mental o en las plazas disponibles para el acogimiento familiar en sus distintas modalidades; así como la gestión de las necesidades y expectativas de las familias adoptivas y acogedoras constituyen una muestra de hasta qué punto están siendo omitidos derechos, principios y garantías de la infancia, apuntan.
Es una situación que califican de alarmante y para la que exigen la inmediata puesta en marcha de medidas urgentes y eficaces.
Asimismo, añaden que “resulta aún más decepcionante” comprobar que el informe de impacto en la infancia y adolescencia que acompaña a la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024, no cuantifica ni precisa soluciones tangibles a las carencias de medios materiales y humanos o a la “acumulación de tareas”, con las que tantas veces nos responde la Administración para justificar las negligencias que le advertimos.
En la tramitación de la queja de oficio sobre Las situaciones de riesgo en la Infancia y adolescencia en la Comunitat Valenciana esta institución reprochó a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que renunciase al ejercicio del liderazgo que le corresponde en la valoración y declaración de riesgo de los menores. El Síndic concluyó que la distribución competencial asumida por las distintas administraciones autonómicas y locales no puede servir de excusa para asumir esta responsabilidad última en las políticas de Infancia y Adolescencia.
En materia de vivienda, las reducidas dimensiones del parque público continúan siendo el principal obstáculo para lograr de forma efectiva el derecho al disfrute de esta. Recuerda que la vivienda constituye un bien de primera necesidad que permite la satisfacción de los derechos fundamentales de la persona (salud, intimidad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad…). Igualmente, la pérdida de un alojamiento estable y digno se convierte, en muchas ocasiones, en la puerta de entrada a situaciones de exclusión social que, como desgraciadamente nos muestra la realidad, son difíciles de revertir.
La Administración se limita a ser mera gestora de viviendas públicas
Según su experiencia lo que prevé la legislación continúa chocando con la práctica administrativa. “La realidad es que la intervención de las administraciones públicas en este ámbito se reduce a meras gestoras de las viviendas públicas que no se encuentran ocupadas, están disponibles y son susceptibles de adjudicarse a una unidad de convivencia”.
El Síndic insiste en que la Ley de Función Social de la Vivienda establece un sistema de gestión integral de las necesidades de vivienda de la ciudadanía más necesitada y vulnerable, que implica la atribución efectiva y real de un recurso habitacional a quien lo necesita; ya sea una vivienda, si existe una disponible que adjudicar, o -en caso contrario- de cualquiera de los otros mecanismos previstos en la ley, como una ayuda al alquiler.
Por último, recuerda que el 2023 ha sido un año singular, en el que las relaciones entre la Administración y la ciudadanía se han visto afectadas por las elecciones autonómicas y locales, con un cambio en el gobierno del Consell y en numerosos Ayuntamientos. “De ahí que desde esta institución hayamos entendido como prudente no recargar el uso de las quejas de oficio mientras no terminara el aterrizaje de los nuevos equipos gestores, limitándolas a los asuntos de mayor relevancia”.
Las actuaciones del Síndic de Greuges en la Comunitat Valenciana durante 2023 ascienden a 18.561, de ellas, 3.933 quejas a instancias de la ciudadanía. El grueso de estas, el 41,66% corresponden a problemas relacionados con Servicios Sociales, en especial a la Dependencia. Otras cuestiones que han causado numerosas quejas, aunque con mucha distancia en cuanto a su cantidad, han sido las relativas a Servicios Públicos y Medio Ambiente (11,44% del total); Transparencia y Participación (9,92%); Procedimientos Administrativos (8,4%); Empleo (6,86%); y Vivienda (4,35%).
