El síndic de Greuges, Ángel Luna, insta a la Conselleria de Educación a “diseñar un modelo para detectar preventivamente al alumnado en situación socioeconómica desfavorecida, con el propósito de evitar el fracaso escolar“.
Además, pide que “en la financiación de los centros docentes se tengan en cuenta las necesidades de este perfil de estudiantes y la complejidad de los centros donde están matriculados“.
Asimismo, el Síndic urge, para el próximo curso escolar, “una planificación que evite concentrar al alumnado en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de reducir los niveles de segregación y la formación de guetos en los centros con una composición socialmente más desfavorecida”.
Por ello, Luna solicita que “se establezcan criterios de distribución equitativa, acompañados de medios y de una mejora de la acogida, que facilite la inclusión social y cultural“.
Por otra parte, el defensor considera “fundamental” reforzar las políticas de apoyo a las familias de estos menores, que “permitan prevenir las situaciones de riesgo y evitar que, cuando aparezcan, deriven en situaciones más graves“.
Así pues, esta institución recomienda “mejorar la información a las familias en relación con el derecho a la elección de centro y con las posibilidades de acceso a becas, recursos y ayudas al estudio“. De igual modo, el Síndic recomienda “fomentar la oferta educativa extraescolar y de ocio educativo, las acciones de acompañamiento y la tutorización del alumnado que se encuentre en esta situación”.
El Síndic de Greuges abrió el pasado mes de febrero esta queja de oficio con el fin de supervisar las actuaciones de la Administración educativa valenciana destinadas a compensar las desigualdades.
Según el informe del Estado de la Pobreza 2024, la tasa de riesgo de pobreza ha crecido un 9% (dos puntos porcentuales) en la Comunidad Valenciana respecto al año 2023. Además, cabe destacar que el número de alumnos con necesidades de compensación de desigualdades (NCD) ha ido aumentando en los años posteriores a la pandemia, sin que a la vista del resultado de la investigación del Síndic se hayan adoptado medidas específicas al respecto.
Luna considera que “la educación juega un rol fundamental en la explicación de las desigualdades sociales. En este sentido, las personas somos titulares de dos derechos fundamentales que no pueden garantizarse el uno sin el otro: el de la no discriminación e igualdad y el del acceso y disfrute de la educación, como forma de garantizar que todos tenemos las mismas oportunidades, independientemente de nuestro origen”.
Sin embargo, “si bien es cierto que el derecho a la educación contempla el acceso en igualdad de condiciones, no todas las personas parten de las mismas. Así, el alumnado de nivel socioeconómico bajo tiene casi cuatro veces más probabilidades de repetir curso que su equivalente de nivel alto, como reconoce en sus últimos informes PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes)”.
La Administración educativa ha puesto de manifiesto, en los informes requeridos por esta institución, que “no dispone del índice de escolarización por centros de los alumnos que tienen necesidades de compensación“. Esta falta de datos “impide poder valorar el proceso hacia escuelas inclusivas con el objetivo de reducir la segregación en el sistema educativo“.
“Un rasgo definitorio y, por tanto, irrenunciable del sistema educativo de una sociedad democrática es la apuesta decidida por la superación de las desigualdades. La Administración debe liderar este proceso y no sólo arbitrar los recursos necesarios a tal fin, sino, más aún, impulsar y velar por que toda la organización escolar sea coherente con este objetivo central de la educación”, manifiesta el Síndic.
