La aportación de 1.967.952 euros al Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra la Despoblación de los municipios de la Comunitat Valenciana que saldrá de los remanentes de que dispone la Diputación de Castellón y se aprobará en el próximo pleno ordinario de octubre, supondrá un importante agujero en las arcas de la institución provincial.
Tras este movimiento, en los remanentes quedarán poco más de 900.000 euros, por eso la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Castellón y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, ha explicado que esta aportación, necesaria para seguir participando de esas ayudas cofinanciadas, evidencian una situación financiera preocupante, de la que no ha dudado en culpar al anterior gobierno.
De hecho, Pallarés ha señalado «el gran esfuerzo de gestión» que deberá hacerse para cuadrar los presupuestos del 2024 con tan poco margen de maniobra. Por otro lado, respecto las críticas de los socialistas provinciales de que el gobierno del PP está haciendo una política «continuista», Pallarés ha asegurado que los presupuestos anteriores eran «hinchados y ficticios».
Además, en cuanto al remanente heredado de más de 50 millones de euros en 2019 y el acumulado, ejercicio tras ejercicio desde el 2020, la vicepresidenta lo ha atribuido al “fruto de la escasa ejecución del presupuesto”, asegurando que esta actitud ha provocado que se hayan “dilapidado” un total de 102.533.187,31 euros en remanentes en los últimos cuatro años.
“Una cifra desorbitante comparada con la irrisoria cantidad que quedará en las arcas provinciales”, ha afirmado María Ángeles Pallarés. Y es que de los 2,9 millones de euros de remanentes, tras la aprobación de esa aportación «comprometida por el anterior equipo de gobierno y cuyo importe no estaba reflejado en los presupuestos vigentes”, la diferencia será lo que quedará como remanente.
