El PSPV-PSOE de Castellón ha iniciado acciones judiciales contra la ordenanza fiscal de la tasa de basura del municipio, aprobada por el gobierno municipal. El recurso se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al considerar que la norma puede vulnerar principios legales básicos.
El secretario general del PSPV en la ciudad, Rafa Simó, y la portavoz municipal, Patricia Puerta, han anunciado la decisión en rueda de prensa y han señalado que existen resoluciones en otros municipios que están anulando ordenanzas similares.
Simó ha afirmado que esta vía judicial responde a “la imposibilidad de corregir, mediante el debate político y la transparencia, una medida que consideramos abusiva, injusta y legalmente cuestionable”.
Además, ha sostenido que la ordenanza supone “una agresión al bolsillo de las familias” y una medida “de dudosa legalidad”.
Principio de “quien contamina paga” y progresividad
El recurso cuestiona que la ordenanza respete el principio de “quien contamina paga”, recogido en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Según el PSPV, el cálculo de la cuota “no se corresponde con el volumen real de los residuos” generados por la ciudadanía.
El partido argumenta que la aplicación de cuotas fijas o vinculadas a parámetros como la superficie de la vivienda “no guardan relación con la efectiva producción de basura”, lo que desvirtúa el principio legal.
Asimismo, el recurso señala una posible «falta de progresividad y equidad». En este sentido, sostiene que la tasa no tiene en cuenta la capacidad económica real ni determinadas situaciones de vulnerabilidad. También apunta a que la Directiva UE 2018/851 exige que los costes recaigan sobre el productor real de los residuos, mientras que la ordenanza aplica tarifas fijas sin medir el consumo.
Simó ha defendido que el consistorio aún puede rectificar y ha indicado que “seguimos abriendo la puerta del diálogo para, entre todos y todas, cumplir lo que dice la Ley y acabar con la arbitrariedad de una ordenanza fiscal que es injusta con las familias de Castelló”.
Críticas políticas y campaña informativa
Por su parte, Patricia Puerta ha explicado que el Grupo Municipal Socialista ha intentado frenar la ordenanza en el ámbito político. Según ha señalado, “hemos hecho nuestra labor municipal rechazando contra descuentos tasa basura y proponiendo al gobierno municipal alternativas para una aplicación más justa y progresiva, hemos escuchado a los vecinos y vecinas, y hemos informado a la ciudadanía en la calle y en las redes. Y frente a ello, el desprecio de la alcaldesa”.
La portavoz ha añadido que “nos vemos en la obligación de dar un paso firme en el ámbito judicial, porque no solo buscamos la anulación de una tasa injusta, sino impedir que se vuelva a cargar sobre las espaldas de los castellonenses el coste de una pésima gestión municipal”.
Desde el PSPV recuerdan que en noviembre iniciaron una campaña informativa sobre el incremento de la tasa. Simó ha señalado que “ante la carta de desinformación y postureo de la alcaldesa, nosotros respondimos con claridad y transparencia”.
Según los datos aportados, el recibo de una vivienda media ha pasado de 101,31 euros en 2024 a 202,62 euros en 2025, lo que el partido considera una subida desproporcionada.
