El Ayuntamiento de Castellón ha celebrado una nueva sesión del Consejo Social de la Ciudad, presidido por la alcaldesa Begoña Carrasco. En esta sesión se ha aprobado por unanimidad el informe de criterios y recomendaciones para la elaboración del presupuesto municipal de 2026.
El documento es preceptivo, aunque no vinculante, y recoge propuestas en ámbitos como vivienda, empleo, bienestar social, cultura, infancia, igualdad o movilidad.
Carrasco destaca que las recomendaciones “están alineadas con las acciones que desde el gobierno municipal ya estamos llevando a cabo”. Además, enfatiza el compromiso de construir el Castellón de todos y todas, fruto de la escucha activa, para dar soluciones a las demandas y peticiones de los castellonenses”.
Añade que este paso permite “encarrilar el presupuesto municipal contando con las recomendaciones dirigidas a las diferentes áreas”. El objetivo es mejorar el bienestar de la ciudadanía.
Acceso a la vivienda, empleo, seguridad y bajada de impuestos
La alcaldesa ha dado lectura al Informe de Presidencia, que resume las actuaciones prioritarias del gobierno municipal. Entre ellas destaca la apuesta por el acceso a la vivienda, que define como “la legislatura de la vivienda”.
Carrasco recuerda la rehabilitación de cerca de 600 viviendas mediante el Plan de Barrios. Este proyecto supone una inversión de 17 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en cinco barrios de la ciudad.
El Ayuntamiento destina por primera vez 1,5 millones de euros a la compra de vivienda social. Se describe como “el mayor presupuesto de la historia del Ayuntamiento para estas adquisiciones”.
Esta semana se ha oficializado la primera compra y el objetivo es alcanzar al menos cinco viviendas antes de final de año.
Además, el consistorio ha cedido dos parcelas en Censal a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. Esto es para la construcción de 123 viviendas públicas. Asimismo, trabaja en la generación de suelo para más de 3.600 viviendas, de las cuales hasta un 40% serán de protección pública.
En materia fiscal, Carrasco confirma una reducción del 2% del IBI para 2026. Existe además el compromiso de alcanzar un descenso acumulado del 10% al término de la legislatura. También se mantiene la eliminación de la tasa de terrazas por tercer año consecutivo. Se sigue con la bonificación del 3% en la tasa de vehículos.
Bonificaciones para mitigar el “basurazo” estatal
La alcaldesa informa de las bonificaciones activadas “para amortiguar el ‘basurazo de Pedro Sánchez’”. Estas permitirán reducir a la mitad el recibo de la basura en 2026 para quienes reciclen. Se aplicará una bonificación del 50% a quienes acudan 7 o más veces al ecoparque. Habrá un descuento de hasta el 60% para familias numerosas, un 20% para empresas que reciclen y un 3% adicional para quienes domicilien el recibo.
Proyectos financiados con fondos europeos
En su condición de edil responsable de Fondos Europeos, Carrasco ha detallado los dos proyectos aprobados para su financiación a través del FEDER. Destaca que Castellón es “una de las nueve únicas ciudades de España y la única de la Comunitat Valenciana que ha conseguido financiación en las dos convocatorias FEDER del periodo 2021-2027”.
El Plan de Actuación Integrado cuenta con 8,5 millones de euros y contempla actuaciones como:
- Reforma del Mercado Central
- Adecuación del edificio de La Pérgola
- Transformación de la Manzana Albinegra y el Estadio Skyfi Castalia
- Desarrollo del nuevo parque Sensal
- Implantación de corredores verdes en ejes comerciales
- Renaturalización de plazas
- Nueva herramienta inteligente para la gestión y recaudación municipal
El segundo proyecto, Castellón Naturaleza en Red, dispone de 3,5 millones de euros con financiación al 60% y un plazo de ejecución de tres años. Incluye actuaciones como la renaturalización de centros educativos, pérgolas vegetales en patios, cubiertas verdes, mejora ecológica de estanques urbanos y la renaturalización vegetal de la cubierta de Plaza Santa Clara. Esto busca reducir el efecto isla de calor.
El Consejo Social de la Ciudad, como órgano de gobernanza y participación, desempeña un papel clave en el seguimiento de estos proyectos. Así garantiza que las inversiones municipales respondan a las necesidades reales de la comunidad.
