La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, elevará mañana martes al pleno de la Diputación su defensa «al más alto nivel» de una ‘financiación local justa’ que escuche la realidad de los 135 municipios de la provincia.
Barrachina aboga por reformar la legislación vigente y apela al «sentido de Estado». «Porque nuestra realidad local es muy diferente a la que se aprobó en el año 2002». Un marco legislativo que hace más de 20 años sufrió su última reforma y que hoy sigue vigente «provocando distorsiones, imponiendo una doble velocidad que prima a los más grandes y alimenta la despoblación porque no tiene en cuenta el esfuerzo del mundo rural para no desaparecer».
Quienes «cada día nos empeñamos en hacer grandes a los más pequeños sabemos lo necesario que es cambiar las cosas», ha señalado en relación a su cargo como presidenta de la Diputación de Castellón.
En esta propuesta, que no solo pasará por el Pleno Provincial sino por todos los plenos municipales, Castellón ha sido además protagonista dado que en el marco del debate de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), junto a las provincias de Zamora, Pontevedra y Ávila, ha sido una de las provincias impulsoras.
Así, entre otras medidas la dirigente del PP ha afirmado la necesidad de «asegurar la flexibilidad administrativa que permita que la llegada de nuevas competencias viene acompañada por soluciones que garanticen que nadie se queda atrás».
Algo para lo que «es necesaria la reforma integral del sistema de financiación y suspender las reglas fiscales que hoy castigan a todos los municipios privando de más oportunidades a nuestros vecinos».
La líder provincial de los populares también ha argumentado que una Ley de hace 20 años, nada tienen que ver con la realidad de hoy. Como ejemplo se ha referido a la subida del 13% del salario de los funcionarios que han de asumir los ayuntamientos, entre otros costes. Añadiendo además que, casualmente es ese mismo porcentaje, el «el 13% de todo el gasto público es el que gestionan los ayuntamientos».
Así la propuesta presentada este lunes que se elevará a la administración provincial y a la local reclama ese «aumento de la financiación para los servicios locales, lealtad institucional de otras administraciones, es decir, no aumentar responsabilidades a los municipios sin que vayan acompañadas de partidas económicas y por otro lado, una cláusula de seguridad financiera, que asegure que los cambios son viables y factibles en términos económicos.
Respecto a las propuestas de desde donde podría venir esa financiación, Barrachina destaca la revisión de ese reparto, tanto por la forma en la que llegarán los fondos, como por la libertad de los municipios a decidir su destino sin que intervengan otras administraciones.
