La Diputación de Castellón ha reforzado la atención directa a los ayuntamientos para facilitar una mejor aplicación del Plan Impulsa 2026-2027, el programa bienal de obras y servicios con el que la institución provincial moviliza 32,5 millones de euros durante los dos próximos ejercicios. El objetivo es acompañar a los municipios en la definición del destino de los fondos, resolver dudas técnicas y ajustar el plan a las necesidades reales del territorio.
El vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha participado este miércoles en una reunión técnica celebrada en Nuevas Dependencias dentro del calendario de encuentros fijado por la corporación provincial. Según ha señalado, la Diputación mantiene una línea de trabajo estrecha con los consistorios para “garantizar soluciones, resolver las dudas y escuchar las necesidades de cada uno de los 135 municipios para impulsar este proyecto que hemos hecho y mejorado entre todos”.
La reunión coincide con la apertura del plazo para que los ayuntamientos concreten el destino de las ayudas incluidas en el plan. En este contexto, Folgado ha defendido que la proximidad con las administraciones locales es la vía más eficaz para acompañarlas durante todo el procedimiento y lograr que el programa responda a las demandas planteadas desde el conjunto de la provincia.
Más inversión, más flexibilidad y menos burocracia
El Plan Impulsa 2026-2027 incorpora varias novedades respecto a convocatorias anteriores. La primera es el aumento presupuestario. La institución provincial destina 783.940 euros más al programa, hasta alcanzar los 32,5 millones de euros, lo que convierte esta edición en la de mayor inversión de la historia de la Diputación.
A ello se suma una mayor flexibilidad en el uso de los fondos. Los ayuntamientos podrán seguir repartiendo la cuantía asignada entre gasto corriente y ejecución de obras. En concreto, podrán dedicar hasta un 40 % a gasto corriente, mientras que deberán reservar como mínimo un 60 % a inversiones. Además, el nuevo diseño del plan permite reinvertir la baja económica generada en una obra en el momento de su adjudicación, una medida planteada para optimizar al máximo los recursos disponibles.
Otro de los cambios destacados es la simplificación administrativa. El plan busca reducir carga burocrática y facilitar los trámites para que todos los municipios puedan acogerse en mejores condiciones. En esa misma línea, la Diputación amplía hasta el 30 de octubre de cada anualidad el plazo para solicitar cambios en los servicios incluidos, frente al límite del 30 de junio fijado en el anterior plan.
La corporación provincial subraya además que la aprobación inicial del programa no ha recibido alegaciones, una circunstancia que interpreta como reflejo de su adecuación a las necesidades del conjunto del territorio y del trabajo previo realizado con los municipios.
Un 13 % más de inversión en la legislatura
La Diputación enmarca este plan dentro de su apuesta por reforzar la cooperación económica con los ayuntamientos. Esa línea de actuación, según destaca la institución, se traduce en un incremento del 13 % en la inversión vinculada al Plan Impulsa a lo largo de la presente legislatura.
En términos globales, la dotación acumulada alcanza los 64,21 millones de euros en cuatro años. Con esa cifra, el Gobierno provincial pretende consolidar un instrumento de financiación orientado a atender tanto obras como necesidades de funcionamiento ordinario en los municipios, con especial atención a la realidad de las localidades más pequeñas.
